Compartir
Twittear
MensajearCiudad de México, a 24 de mayo de 2025.- Una red de corrupción enquistada en el sistema penitenciario de la Ciudad de México y tolerada por varias administraciones podría estar relacionada con el asesinato de dos funcionarios del círculo cercano de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Así lo advierte Jorge Enrique Terán Carrillo, un exservidor público que afirma haber recibido órdenes directas de Ximena Guzmán, exsecretaria particular de Brugada, para introducir una camioneta al Reclusorio Norte cargada con sustancias sospechosas y sacarla posteriormente llena de dinero en efectivo, de acuerdo con un reportaje de la periodista Guadalupe Lizárraga.
“Por ninguna circunstancia entro al reclusorio por la aduana de vehículos. Yo gano tres pesos y no me voy a arriesgar”, advirtió Terán en una llamada a su superior. Poco después dejó las llaves puestas y se marchó. La instrucción, asegura, fue girada por Ximena Guzmán, quien junto con el asesor de gobierno José Muñoz fue asesinada a tiros el 20 de mayo de 2025 en la colonia La Moderna, sobre Calzada de Tlalpan.
La negativa de Terán habría detonado una cadena de represalias. Él asegura que la estructura de poder se mantenía con “amenazas, favores y lealtades impuestas”. Y aunque Guzmán no tenía cargo formal en el sistema penitenciario, Terán subraya: “¿Y qué carajos hacía allí, en los centros penitenciarios, si no trabajaba ahí? Ella hizo su carrera con Clara Brugada desde la alcaldía. ¿Por qué iba a esos centros? No tenía relación con Harfuch, y sin embargo, me la encontré varias veces en diferentes instituciones penitenciarias”.
En agosto de 2024, Terán fue testigo de cómo se amueblaba con artículos de lujo el dormitorio 3 del Reclusorio Norte para un líder criminal de La Unión de Tepito. “Eran muebles de marca alemana”, recuerda, y agrega: “lo sorprendente es que metieron muebles caros, nuevos, una cantina, una cama especial y una sala”.
Él mismo realizó múltiples traslados en una camioneta oficial, una Ford Ranger con placas 7552CL, con la que recogía mercancías y las ingresaba a los penales. En una ocasión, un subdirector del penal le pidió hacer un traslado desde Ecatepec. Al llegar, Terán se encontró con una escena alarmante: “claramente mafioso”, lo describió. Cuando preguntó qué contenían las cajas, la respuesta fue violenta: “¿para qué preguntaba?”. Al negarse, fue amenazado: le mostraron un orificio de bala en el cristal de un automóvil. Aun así, no obedeció. La orden, insiste, también provenía de Ximena Guzmán.
Desde ese momento, afirma, “me empiezan a hacer la vida imposible”. Como castigo fue reasignado al CEVASEP, un penal psiquiátrico de alta seguridad. Allí conoció a Florentino Guzmán Arcos, violador serial sentenciado por atacar a 19 adolescentes, quien le aseguró que tenía conexiones con altos mandos: “yo le puedo pedir a Clara lo que yo quiera, lo que yo quiera me lo trae, y eso ha sido desde con Claudia, la jefa de gobierno de antes”.
Terán asegura que la corrupción incluía también el cobro del “diezmo para el movimiento”, impuesto incluso a empleados que solicitaban préstamos. “Básicamente, lo que ella hacía era pasar la charola, el obligado diezmo. Es una cultura que viene desde el PRD, desde que estaba Arce (René Arce Círigo), cuando incluso se heredaban los puestos… Yo la vi. Iba y recibía dinero de los comandantes; iba y recibía dinero de los directores de los penales. Y era muchísimo, pero muchísimo dinero”.
Según él, el sistema comenzó a deteriorarse cuando “la gente de Clara” rompió los acuerdos existentes y exigió más. “La gente que conozco y que todavía está allí en los penales dice que se avorazaron. Empezaron a pedir cuotas exageradas, cuando ya había un arreglo previo. Pero la gente de Clara dijo que tenían que dar más, que ese cacho lo iban a poner ellos. Eso era lo que hacía esta chica. Por eso, el asesinato artero”.
Además, advierte que el grupo cercano a Brugada “abrió demasiados frentes y acumuló enemigos”, y que “su actitud no ayudaba, porque eran muy prepotentes”. Insiste en que el saqueo era sistemático: “iban al reclusorio y se llevaban todo el dinero, en cubetas, en ollas de tamales. No exagero: es mucho dinero lo que se junta en cada turno”.
Las semanas previas al asesinato de Guzmán y Muñoz, distintos funcionarios comenzaron a recibir escoltas para garantizar su seguridad. Sin embargo, las víctimas del ataque del 20 de mayo no contaban con protección. “Eran considerados ‘de bajo perfil’. Pero eso no tenía sentido: ambos mantenían trato directo tanto con Clara Brugada como con los directores de los penales”, afirma.
El exdirector del C5 en Campeche, Rómulo Catalán, consultado por Los Ángeles Press, señaló que el ataque fue realizado con precisión quirúrgica, con manipulación de cámaras del C5 y sin vigilancia en la zona. Destacó que los disparos fueron con munición calibre .380 y que el sicario actuó con “alto nivel de profesionalismo desde el punto de vista criminal”.
Catalán subraya que los PMI —Postes de Monitoreo Inteligente— suelen contar con al menos cuatro cámaras operando de forma simultánea, y que en este caso no hubo imágenes útiles. Las PTZ (cámaras robóticas) tampoco registraron los hechos, lo que sugiere “una operación planeada con respaldo institucional”.
Por su parte, Terán afirma que una prima de Clara Brugada, con cargo en la Fiscalía, controlaba los ingresos por renta de teléfonos celulares a internos ligados a redes de extorsión. También menciona a un sobrino involucrado en estas operaciones. Según él, esta estructura fue heredada de administraciones pasadas: “La estructura fue heredada del gobierno de Miguel Ángel Mancera y retomada por la administración de Claudia Sheinbaum, sin que se desmantelara. El objetivo era el mismo: extraer dinero desde el interior de los penales”.
El testimonio de Terán coincide con denuncias previas del periodista Héctor Valdez Hernández, preso desde 2020 por delitos presuntamente fabricados, quien desde prisión ha documentado el funcionamiento de esta red: tráfico de drogas, cobros por protección, uso de teléfonos y extorsiones. Valdez también fue víctima de tortura por sus reportes que involucraban a altos mandos, incluido el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
“Alguien puede rebatirme que Ximena Guzmán no trabajaba en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo les respondería: ¿Y qué carajos hacía allí, en los centros penitenciarios, si no trabajaba ahí?”, reiteró Terán.
El exfuncionario concluye que esta red no solo sobrevive a los cambios de administración, sino que se fortalece en cada transición. Hoy, pese a dos ejecuciones recientes y múltiples amenazas, el aparato criminal sigue operando, blindado por el silencio institucional.
