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MensajearCiudad de México, a 20 de octubre de 2026.- La Secretaría de Hacienda tendrá nuevas facultades para determinar en qué sectores económicos se podrán exigir exclusivamente pagos electrónicos, luego de que el Senado aprobara la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una medida que generó desacuerdos entre Morena y la oposición por sus posibles efectos en el uso de dinero en efectivo.
La legislación fue avalada con 73 votos a favor y 34 en contra, y enviada al Ejecutivo federal para su promulgación. La propuesta busca extender el uso de tarjetas bancarias, transferencias, códigos QR y otras herramientas digitales en las operaciones comerciales y financieras.
Aunque la reforma no establece la eliminación inmediata del efectivo en todas las actividades, sí otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un plazo de 15 días hábiles para definir los sectores estratégicos y las actividades en las que podrían establecerse pagos exclusivamente digitales.
Durante la discusión, legisladores de Morena defendieron que la medida permitirá facilitar las transacciones, ampliar la inclusión financiera y generar mejores condiciones para que las micro, pequeñas y medianas empresas registren sus ingresos y accedan a servicios financieros.
Entre los argumentos a favor, señalaron que México dispone de herramientas como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), CoDi y Dimo, cuyo aprovechamiento podría contribuir a modernizar las operaciones económicas y reducir trámites.
Sin embargo, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron el alcance de las facultades otorgadas a Hacienda y advirtieron que la aplicación de la ley podría generar dificultades para comerciantes y consumidores, particularmente en comunidades rurales donde el acceso a internet y a los servicios bancarios continúa siendo limitado.
También alertaron sobre los posibles costos de adaptación tecnológica para los pequeños negocios, así como los riesgos relacionados con la supervisión de las operaciones financieras y la falta de criterios específicos para determinar qué actividades deberán abandonar el efectivo.
La ley contempla que, una vez que entre en vigor, las autoridades correspondientes tendrán otros 15 días hábiles para emitir las disposiciones necesarias y establecer los mecanismos de transición. Asimismo, prevé excepciones para permitir temporalmente pagos en efectivo o con cheques cuando una falla técnica o de conectividad impida utilizar medios electrónicos.
Con su aprobación, la aplicación de la nueva legislación queda sujeta a la promulgación del Ejecutivo y a las disposiciones posteriores que determinen los sectores y las condiciones en que los pagos digitales podrán convertirse en obligatorios.
