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Mensajear*Las revelaciones sobre Jonathan Navarrete Torres destapan una trama de relaciones entre empresas proveedoras de materiales electorales y funcionarios del organismo. Los antecedentes se remontan a contratos estatales, nombramientos cuestionados y posibles conflictos de interés. Claudia Sheinbaum exige explicaciones y partidos políticos demandan investigaciones.
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2026.— El Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar las elecciones federales y garantizar la certeza de los procesos democráticos, enfrenta nuevos cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas, relaciones entre funcionarios y empresas contratistas, así como posibles conflictos de interés que alcanzan al entorno de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.
El escándalo estalló tras una investigación publicada por el periódico REFORMA los días 19 y 20 de octubre, en la que se reveló que Jonathan Navarrete Torres, registrado oficialmente como chofer de la Presidencia del INE, aparece desde junio de 2023 como apoderado de Corporativo Zeg, empresa vinculada con el suministro de materiales electorales.
La información adquirió una nueva dimensión cuando funcionarios y personal de seguridad del instituto aseguraron desconocer al supuesto conductor, pese a que su declaración patrimonial reporta una remuneración mensual de 45 mil 765 pesos.
Pero el caso va más allá de un trabajador cuya presencia física en las instalaciones del organismo ha sido cuestionada.
Las investigaciones periodísticas han identificado antecedentes de contratos millonarios adjudicados a empresas relacionadas entre sí, representantes empresariales que posteriormente ocuparon cargos administrativos en el INE y señalamientos sobre posibles irregularidades en la contratación de bienes destinados a las elecciones.
El chofer que aparece como representante de una empresa
De acuerdo con la investigación original de REFORMA, Jonathan Navarrete Torres recibió el 28 de junio de 2023 un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, mediante un instrumento registrado ante el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía.
La documentación citada por el diario identifica el acta mercantil 64225000P0, en la que Rodolfo Higareda Coen, representante de la compañía, habría otorgado a Navarrete facultades para intervenir en procedimientos judiciales, administrativos y otras actuaciones legales en nombre de la empresa.
Casi dos años después, el 15 de abril de 2025, Navarrete habría ingresado al INE como chofer adscrito a la Presidencia del Consejo General.
Según su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, su función consistía en trasladar de manera segura y eficiente a la consejera presidenta.
El documento reporta ingresos mensuales por 45 mil 765 pesos, cantidad que, según la investigación, supera la remuneración habitual de otros conductores del instituto.
Además, el puesto aparece clasificado con el nivel LC4 del tabulador institucional, correspondiente a una categoría administrativa superior a la que habitualmente se asocia con funciones de conducción.
La investigación también sostiene que Navarrete no informó su relación con Corporativo Zeg en el apartado correspondiente a participaciones empresariales de su declaración patrimonial.
Un trabajador que nadie identifica
La segunda publicación de REFORMA, correspondiente al 20 de octubre, agregó un elemento que intensificó la controversia.
Trabajadores y personal de seguridad del INE consultados por el periódico afirmaron no conocer a Jonathan Navarrete Torres ni identificarlo como conductor habitual de la Presidencia.
Incluso el secretario ejecutivo del organismo, Roberto Félix, manifestó desconocer si el trabajador prestaba servicios en la institución y señaló que solicitaría información a la Dirección de Administración.
Los testimonios recogidos por el diario indican que otra persona, identificada únicamente como Luis, sería quien habitualmente acompañaba a Guadalupe Taddei en sus traslados.
Corporativo Zeg y Cajas Graf: el negocio de los materiales electorales
El nombre de Jonathan Navarrete conduce a un asunto de mayor alcance: la participación de Corporativo Zeg y Cajas Graf en contratos relacionados con la producción y distribución de materiales electorales.
Ambas compañías han sido vinculadas por investigaciones periodísticas con los empresarios Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
Entre los antecedentes reportados aparecen adjudicaciones realizadas por organismos electorales estatales durante 2021.
En Oaxaca, Corporativo Zeg habría obtenido un contrato por aproximadamente 32 millones de pesos, mientras que en Chihuahua Cajas Graf recibió uno cercano a los 33.9 millones.
A estos antecedentes se suma un contrato de aproximadamente 46.9 millones de pesos otorgado a Cajas Graf por el Instituto Estatal Electoral de Sonora durante el periodo en que Guadalupe Taddei presidía ese organismo.
El dato resulta particularmente relevante porque establece una relación contractual previa entre una de las empresas cuestionadas y una institución encabezada por quien posteriormente asumiría la Presidencia del INE.
De representante empresarial a director de Administración del INE
Uno de los episodios más significativos de esta controversia involucra a Jesús Octavio García González.
Antes de incorporarse a la estructura directiva del INE, García González había representado a Corporativo Zeg y Cajas Graf en procedimientos relacionados con el suministro de materiales electorales.
Posteriormente fue nombrado director de Administración del instituto en septiembre de 2025, durante la presidencia de Guadalupe Taddei.
La designación provocó cuestionamientos por la posibilidad de que una persona anteriormente vinculada con empresas proveedoras asumiera responsabilidades sobre la administración de recursos públicos y procedimientos de contratación.
El asunto no surgió apenas esta semana.
Desde febrero de 2026, medios de comunicación habían publicado investigaciones sobre los antecedentes empresariales del funcionario y los posibles conflictos de interés asociados con su nombramiento.
El tema también llegó al Consejo General del INE, donde representantes partidistas solicitaron explicaciones sobre los vínculos previos del responsable administrativo.
García González dejó el cargo en abril de 2026, según los reportes periodísticos.
Contrataciones por casi 200 millones de pesos
Otro antecedente relevante se ubica en 2025, cuando el INE realizó contrataciones de materiales destinados al proceso electoral judicial.
De acuerdo con información publicada por EL CEO, una licitación de febrero de ese año fue declarada desierta tras incumplimientos técnicos de participantes, entre ellos Cajas Graf y TOL Producciones.
Posteriormente, según los reportes citados por ese medio, ambas compañías recibieron una adjudicación directa por aproximadamente 195.1 millones de pesos.
Este episodio abre una línea de investigación sobre las razones técnicas y jurídicas que justificaron la contratación directa, al producirse después de un procedimiento fallido y que benefició a participantes previamente descalificados.
Investigaciones financieras y señalamientos de irregularidades
La investigación de los medos nacionales también refiere que Corporativo Zeg fue objeto de indagaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), relacionadas con presuntos vínculos con actividades delictivas.
Según la publicación, las cuentas de Corporativo Zeg y Cajas Graf habrían sido congeladas en el contexto de dichas investigaciones.
Por otra parte, los antecedentes sobre el mercado de materiales electorales incluyen investigaciones de competencia económica y señalamientos sobre la concentración de contratos entre un número reducido de proveedores.
La camioneta blindada, otra interrogante
Las publicaciones periodísticas recuperaron además una controversia sobre el vehículo utilizado por Guadalupe Taddei para sus desplazamientos.
Entre finales de 2025 y abril de 2026, la consejera presidenta habría utilizado una camioneta BMW blindada que no formaba parte de la flotilla vehicular del instituto.
Taddei explicó que la unidad era prestada debido a fallas mecánicas en el vehículo institucional que tenía asignado.
Hasta el momento no se haidentificado públicamente al propietario de la camioneta ni precisado las condiciones de su préstamo.
Cualquier beneficio en especie recibido por un funcionario público puede requerir una revisión sobre su procedencia, justificación y posible relación con particulares que mantienen negocios con la institución.
Sheinbaum pide aclarar los señalamientos
La controversia llegó este martes a la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Al ser cuestionada sobre las investigaciones publicadas, la mandataria pidió al INE transparentar la información y esclarecer las presuntas irregularidades.
“Primero tendría que aclarar el Instituto”, expresó la presidenta, quien insistió en que el organismo debe proporcionar la información correspondiente.
Sheinbaum también planteó que la Auditoría Superior de la Federación revise las contrataciones, en caso de que el asunto se encuentre dentro de sus atribuciones.
La presidenta sostuvo que el uso de recursos públicos obliga a garantizar su fiscalización y rendición de cuentas.
La reacción del Ejecutivo federal incrementa la presión sobre las autoridades electorales para que respondan a los señalamientos mediante documentación verificable.
Por su parte, representantes del PRI y de Somos anunciaron que promoverían investigaciones ante las instancias fiscalizadoras y de control correspondientes.
