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MensajearZacapu, Mich., a 16 de septiembre de 2026.— Mientras la administración de Mónica Valdez Pulido celebra las Fiestas Patrias entre ciclismo, música, actos cívicos y discursos sobre identidad, libertad y orgullo nacional, Zacapu llega al aniversario de la Independencia cargando una realidad municipal bastante menos festiva: los dos hombres que encabezaban su Seguridad Pública fueron detenidos apenas en julio; la Policía Municipal arrastra investigaciones que se remontan al menos a 2025; habitantes siguen planteando rezagos de drenaje y servicios básicos; integrantes del propio Cabildo han denunciado obstáculos y decisiones discrecionales dentro del Ayuntamiento; y la extorsión volvió a hacerse tangible apenas cinco días antes del Grito, cuando una familia ya había entregado 80 mil pesos a delincuentes antes de que las autoridades consiguieran localizar a la víctima de un secuestro virtual.
El contraste resulta especialmente pertinente durante unas Fiestas Patrias construidas alrededor de conceptos como soberanía, libertad y autoridad. Porque la soberanía no se agota en una ceremonia frente a Palacio Municipal, y la fortaleza de un gobierno tampoco puede medirse solamente por el número de asistentes a una carrera ciclista, las calles inauguradas o el dinero gestionado. En el ámbito municipal, la capacidad del Estado se manifiesta de maneras mucho menos ceremoniales: una policía confiable, servicios públicos que funcionen, controles efectivos sobre los funcionarios, un Cabildo capaz de fiscalizar al Ejecutivo y una administración que pueda explicar cómo dos de sus principales responsables de seguridad terminaron bajo investigación penal.
Este 15 de septiembre, la edición 56 de la Clásica Amando “Zacapu” Martínez reunió a más de 200 ciclistas y fue presentada por la administración municipal como una celebración de identidad, convivencia y orgullo por Zacapu. Por la noche, la programación del Grito incluyó a la Banda La Gran Diosa de Zirahuén en la Plaza Cívica Morelos.
Resulta inevitable colocar junto a esa fotografía festiva otra mucho menos cómoda: la de una administración que apenas en agosto proclamaba que “Zacapu cambió de rumbo”, después de atravesar uno de los episodios institucionalmente más graves que puede enfrentar un Ayuntamiento.
Cuando el discurso de seguridad chocó con su propia Policía
En febrero de este mismo año, Mónica Valdez presentó nuevas patrullas y equipamiento como parte de una estrategia que, según la comunicación difundida por su gobierno, estaba permitiendo a Zacapu “recuperar la tranquilidad”. El mensaje destacaba más unidades, policías certificados y una política de “cero tolerancia a abusos”. La alcaldesa habló entonces de recuperar la confianza ciudadana y dejar atrás una historia marcada por el miedo y los abusos.
Cinco meses después ocurrió algo difícil de conciliar con aquella narrativa. El 10 de julio, un operativo en el que participaron Fiscalía estatal, Guardia Civil, Defensa, Guardia Nacional, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutó órdenes de aprehensión contra Raúl “N” y Jorge Antonio “N”, director y subdirector de Seguridad Pública de Zacapu, investigados por su probable responsabilidad en robo calificado grave. El propio Gobierno de Michoacán informó que las investigaciones podrían estar relacionadas, preliminarmente, con los hechos ocurridos en La Mojonera, Nahuatzen, donde elementos de la Guardia Civil habían sido atacados.
La Jornada reportó que aquella emboscada dejó cinco guardias civiles muertos y cinco heridos y, además, documentó un antecedente que vuelve todavía más relevante la obligación de rendir cuentas: la Policía Municipal de Zacapu ya había sido objeto de investigaciones federales desde febrero de 2025, después de la detención de un presunto operador criminal. De acuerdo con ese reporte, existían sospechas de que algunos policías municipales habrían alertado sobre la presencia de fuerzas federales e incluso obstaculizado presuntamente un operativo.
Nada de esto demuestra responsabilidad penal de la presidenta municipal, ni permite considerar culpables a los mandos mientras su situación no quede resuelta judicialmente. Pero políticamente coloca bajo escrutinio algo más amplio que las conductas individuales de dos funcionarios: los mecanismos mediante los cuales fueron seleccionados, evaluados, supervisados y mantenidos al frente de una institución armada del municipio.
Ahí está el problema que permanece aunque se retire del relato cualquier adjetivo. Si desde 2025 existían investigaciones alrededor de integrantes de la corporación y en febrero de 2026 el gobierno municipal anunciaba recuperación de confianza, certificación y fortalecimiento policial, resulta pertinente conocer qué controles de confianza estaban vigentes, qué revisiones internas se practicaron y qué conocía el Ayuntamiento sobre las investigaciones existentes. La cuestión deja de ser únicamente qué hicieron dos policías y se convierte en una evaluación sobre la capacidad institucional del gobierno municipal para vigilar a quienes tenían la responsabilidad de vigilar a los demás.
Seguridad: tampoco septiembre llegó en blanco
La captura de los mandos no cerró los problemas relacionados con seguridad. El 10 de septiembre, cinco días antes del Grito, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó del rescate de un hombre de 63 años que estaba siendo víctima de secuestro virtual en Zacapu. Los delincuentes pretendían obtener 200 mil pesos y, cuando las autoridades localizaron al hombre dentro de una sucursal bancaria, intentaba conseguir un préstamo siguiendo las instrucciones de los extorsionadores. Su familia ya había depositado 80 mil pesos.
El desenlace también debe contarse: Guardia Civil, Unidad Antiextorsión y policías municipales y regionales consiguieron localizarlo y evitar un pago adicional. Es un resultado favorable de coordinación policial, pero al mismo tiempo revela que la extorsión no pertenece a una discusión abstracta sobre percepción de inseguridad; apenas la semana pasada una familia de la zona ya había entregado decenas de miles de pesos bajo presión criminal.
Y un día después apareció otra controversia. Un video difundido el 11 de septiembre mostró a varios policías municipales sometiendo entre jaloneos y sobre el lodo a una joven. Las imágenes por sí solas necesitan una explicación oficial y esclarecer qué originó la intervención, qué protocolo se utilizó y si la fuerza empleada fue proporcional.
La secuencia resulta incómoda para cualquier discurso triunfal sobre seguridad: en febrero se anunciaba recuperación de tranquilidad y “cero tolerancia a abusos”; en julio fueron detenidos los dos principales mandos de la corporación; en septiembre un nuevo episodio protagonizado por policías volvió a generar cuestionamientos públicos.
Pero Zacapu no solamente es policía
Reducir la situación del municipio a Seguridad Pública sería también una manera de simplificar los problemas de la administración. En mayo, habitantes de la colonia Anáhuac expusieron directamente a Mónica Valdez rezagos relacionados con drenaje y servicios básicos que, según los propios vecinos, persistían desde hacía años. La presidenta reconoció la necesidad de atender esas demandas y prometió darles seguimiento.
El problema del agua tampoco es nuevo. Desde 2024 la propia alcaldesa reconocía públicamente problemas de calidad y suministro y señalaba incluso un punto donde aguas negras se mezclaban con un nacimiento de agua en el canal de Buenavista, circunstancia frente a la cual anunció estudios y acciones.
La propia alcaldesa ha hecho de esa comparación con el pasado una parte central de su narrativa. Apenas la semana pasada denunció que la administración anterior habría retirado alrededor de 15 millones de pesos de las cuentas municipales antes de entregar el gobierno, supuestamente bajo el concepto de despensas, y sostuvo que recibió las finanzas municipales prácticamente vacías. Según su versión, se presentaron denuncias ante autoridades anticorrupción y todavía no existe resolución.
Es un señalamiento grave contra el gobierno anterior y merece investigarse hasta sus últimas consecuencias. Pero también introduce un principio que necesariamente debe aplicarse por igual al gobierno actual: si el manejo del poder municipal anterior debe ser transparentado, la administración presente también debe someter sus decisiones, nombramientos, contratos, resultados y controles internos al mismo nivel de escrutinio.
Cuando los cuestionamientos llegan desde el propio Cabildo
Ese escrutinio no procede solamente de adversarios externos. A finales de 2025, un bloque de regidores denunció públicamente presunta obstrucción dentro del Cabildo y cuestionó decisiones que calificó como discrecionales por parte de la administración municipal. Esos señalamientos representan la posición de esos integrantes del Ayuntamiento y no una determinación de ilegalidad, pero forman parte del balance político e institucional del gobierno de Zacapu.
El dato importa porque desplaza la discusión desde las patrullas hacia la manera en que se ejerce el gobierno. Un Ayuntamiento no es únicamente la presidenta municipal: el Cabildo constituye el órgano colegiado encargado de discutir, aprobar y fiscalizar decisiones municipales. Cuando integrantes de ese mismo cuerpo denuncian obstáculos para ejercer sus funciones, la discusión ya no se limita a diferencias partidistas; plantea la necesidad de revisar actas, votaciones, información entregada a regidores, contratos y decisiones presupuestales para establecer qué ocurrió realmente.
Eso también forma parte de la soberanía que se celebra en septiembre. La autoridad republicana no consiste solamente en gobernar; supone aceptar contrapesos, transparentar información y permitir que quienes fueron electos para integrar el Ayuntamiento ejerzan sus atribuciones.
“Zacapu es hoy otro"
El contraste más fuerte lo proporciona el propio discurso gubernamental. En agosto, durante su Segundo Informe, Mónica Valdez sostuvo que “Zacapu es hoy otro” y presentó un balance de 66 millones de pesos invertidos en obras y acciones, 12 mil 773 personas beneficiadas mediante apoyos y atención directa y más de mil intervenciones relacionadas con agua y drenaje. Otra comunicación de su administración habló de más de 724 millones de pesos gestionados para Zacapu, 16 calles nuevas y 227 nuevas tomas de agua potable.
Esos datos permiten formular una comparación más exigente entre el Zacapu descrito desde el escenario del Informe y el municipio que aparece en expedientes judiciales, reclamos vecinales y controversias institucionales.
Porque un municipio puede construir calles y seguir teniendo problemas de drenaje. Puede gestionar cientos de millones de pesos y continuar arrastrando rezagos. Puede comprar patrullas y tener fallas en los controles de su corporación. Puede organizar eventos multitudinarios y, al mismo tiempo, enfrentar cuestionamientos internos sobre la conducción del Ayuntamiento.
Una cosa no cancela automáticamente la otra.
Pero tampoco las obras pueden utilizarse para cancelar las preguntas.
Fiestas Patrias: soberanía más allá del balcón
Por eso septiembre ofrece una imagen particularmente simbólica. Cuando desde el balcón municipal se invoca la Independencia, la libertad y la soberanía, esos conceptos también permiten medir al gobierno que pronuncia las arengas.
Soberanía significa que las instituciones públicas ejerzan efectivamente la autoridad que constitucionalmente les corresponde. Estado de derecho significa que quien porta uniforme y arma responda ante controles. Gobierno democrático significa que el Cabildo pueda ejercer contrapesos. Administración pública significa que el drenaje funcione, que llegue el agua y que los recursos puedan rastrearse. Seguridad significa algo más que comprar patrullas: implica saber quién las conduce, quién dirige a esos elementos y qué mecanismos existen para impedir que una corporación termine bajo sospecha.
Visto así, el problema de Zacapu no puede reducirse a dos policías detenidos.
Los mandos son solamente la expresión más visible de una discusión mucho más amplia sobre controles institucionales, servicios rezagados, seguridad, gobernabilidad y confianza pública.
Y ahí es donde las celebraciones patrias encuentran su contradicción más incómoda.
Mientras la administración municipal presenta un Zacapu que “cambió de rumbo”, los hechos documentados muestran una realidad que no cabe cómodamente dentro de ese eslogan: dos máximos mandos policiales detenidos y sometidos a investigación; antecedentes de indagatorias sobre integrantes de la corporación desde 2025; una familia que perdió 80 mil pesos durante una extorsión apenas días antes del Grito; una nueva controversia sobre actuación policial; vecinos que todavía reclaman soluciones a problemas de drenaje y servicios; y regidores que han cuestionado públicamente la forma en que opera el propio Ayuntamiento.
Esto proporciona elementos suficientes para someter la administración de Mónica Valdez a una evaluación bastante más exigente que la narrativa oficial de transformación.
Las Fiestas Patrias terminarán. Las bicicletas dejarán el circuito, la banda guardará los instrumentos, la Plaza Cívica se vaciará y las banderas volverán a sus cajas.
Entonces quedará el Zacapu cotidiano.
Y será allí —en sus policías, sus calles, sus drenajes, sus cuentas públicas, su Cabildo y la capacidad del gobierno para responder por aquello que ocurre bajo su administración— donde pueda medirse qué tan profundo ha sido realmente ese anunciado “cambio de rumbo”.
Porque la soberanía municipal no se proclama una noche de septiembre: Se demuestra gobernando.
