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MensajearTacámbaro, Mich., a 16 de septiembre de 2026.— Mientras Tacámbaro celebra la Independencia y habla de soberanía, su historia reciente coloca esas palabras bajo una contradicción difícil de ignorar: funcionarios del Ayuntamiento fueron investigados por la Fiscalía General de la República por presuntas reuniones con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); el entonces tesorero municipal, Ramón Raudel Campos Murillo, renunció después de revelarse sus antecedentes penales en Estados Unidos; el presidente municipal Salvador Bastida García fue posteriormente asesinado a balazos junto con su escolta; y durante 2026 continuaron registrándose ataques armados contra fuerzas de seguridad.
La investigación federal es el punto más delicado. En noviembre de 2024, la FGR abrió una carpeta por asociación delictuosa contra servidores públicos municipales de Tacámbaro. De acuerdo con información publicada entonces por Milenio y otros medios, la indagatoria buscaba esclarecer presuntas reuniones de funcionarios municipales con integrantes de la delincuencia organizada. Otro reporte sobre el expediente señaló específicamente que esos encuentros habrían sido con miembros del CJNG.
Eso cambia por completo la dimensión del caso. No se trataba únicamente de delincuentes operando fuera de las instituciones, sino de una investigación federal para determinar si servidores públicos que trabajaban dentro del Ayuntamiento habían mantenido contactos con integrantes de uno de los principales grupos criminales del país. Que exista una investigación no significa que las imputaciones hayan quedado demostradas; sí significa que el asunto alcanzó un nivel suficientemente serio para generar una carpeta de la FGR.
Raudel Campos: del tesoro municipal a un escándalo nacional
En medio de ese contexto apareció Ramón Raudel Campos Murillo, entonces tesorero municipal de Tacámbaro. En noviembre de 2024 se hizo público que había enfrentado una condena en Estados Unidos vinculada con tráfico de personas. Campos renunció al cargo el 23 de noviembre después de que sus antecedentes fueran divulgados. La Jornada reportó su salida del Ayuntamiento y Once Noticias confirmó que dejó la Tesorería después de las acusaciones relacionadas con su historial en Estados Unidos.
El episodio adquiere mayor relevancia porque posteriores publicaciones relacionaron su nombre con la investigación sobre funcionarios de Tacámbaro y posibles contactos con el CJNG. Reforma informó que, después del caso del extesorero, la FGR abrió investigaciones contra funcionarios municipales; otros reportes señalaron que Campos aparecía vinculado a materiales o reuniones relacionadas con una célula del cártel. Tales afirmaciones siguen siendo señalamientos e hipótesis de investigación, no una sentencia judicial contra Campos por pertenecer al CJNG.
Incluso en 2026 el Ayuntamiento de Tacámbaro compartió fotos donde se observa a Raudel Campos sentado junto al alcalde en la Presidencia, aunque ya no ocupa cargo público alguno.
El problema institucional resulta evidente: ¿cómo llegó a administrar las finanzas municipales una persona cuyo pasado penal internacional terminó provocando su salida apenas meses después de comenzar la administración? La cuestión no es solamente personal. Obliga a revisar los mecanismos mediante los cuales el Ayuntamiento seleccionaba a quienes tendrían control sobre recursos públicos.
Una investigación que apunta al corazón del gobierno municipal
Aquí está el núcleo de la crisis de Tacámbaro: la sospecha no estaba solamente en las calles, sino dentro de la estructura gubernamental.
No es posible afirmar que el CJNG controlara el Ayuntamiento ni que todos los funcionarios señalados pertenecieran al grupo criminal. Eso tendría que demostrarlo una autoridad judicial. Pero tampoco puede reducirse una investigación federal sobre reuniones entre servidores públicos y miembros de una organización criminal a un simple incidente administrativo.
Cuando las autoridades investigan si funcionarios municipales se reunían con integrantes del CJNG, lo que está en discusión es la independencia misma del gobierno local.
Después, asesinaron al presidente municipal
Meses más tarde, el 5 de junio de 2025, Salvador Bastida García, entonces presidente municipal de Tacámbaro, fue asesinado a balazos junto con su escolta cuando llegaba a su domicilio.
Ese crimen ocurrió después de que las investigaciones sobre servidores públicos del Ayuntamiento ya eran conocidas. No se ha confirmado ni descartado que el homicidio de Bastida estuviera directamente relacionado con aquella carpeta sobre el CJNG; sin embargo, forman parte del mismo periodo de profunda inestabilidad institucional: un Ayuntamiento bajo investigaciones federales terminó posteriormente con su presidente asesinado.
Tras el crimen, el Congreso de Michoacán tuvo que designar a Alejandro Fuerte García para concluir el periodo como presidente municipal sustituto.
El nuevo alcalde admitió públicamente que tenía miedo por su vida y anunció que solicitaría seguridad personal. El gobierno municipal continuó funcionando, pero la normalidad administrativa ya estaba rota por los hechos.
El problema no terminó con el cambio de alcalde
Durante 2026 la violencia armada siguió manifestándose en el territorio. El 26 de agosto, elementos de la Guardia Civil fueron atacados por hombres armados en El Pedregoso. Los agentes repelieron la agresión y detuvieron a tres personas, además de asegurar armas y un vehículo.
El resultado operativo favoreció a las autoridades, pero el episodio confirmó que grupos armados seguían teniendo capacidad para enfrentar directamente a fuerzas estatales dentro del municipio.
Por eso resulta insuficiente presentar el problema de Tacámbaro como una simple sucesión de hechos violentos. El municipio acumula tres niveles de crisis simultáneos: presencia de organizaciones criminales en el territorio; investigaciones federales sobre posibles relaciones de servidores públicos con el CJNG; y debilitamiento de la autoridad municipal después del asesinato de su presidente.
¿Qué soberanía celebra Tacámbaro?
Las Fiestas Patrias celebran la soberanía nacional, pero en Tacámbaro esa palabra tiene una dimensión inmediata. Soberanía significa que las instituciones públicas no respondan a intereses criminales. Significa que quienes administran dinero público y seguridad sean sometidos a controles efectivos. Significa que un gobierno municipal pueda ejercer autoridad sin que sus funcionarios aparezcan investigados por presuntas reuniones con una organización criminal.
El caso de Raudel Campos resume buena parte del problema: un hombre llegó a la Tesorería Municipal, después se conocieron antecedentes penales en Estados Unidos, terminó renunciando y su nombre apareció posteriormente alrededor de publicaciones sobre las investigaciones relativas al CJNG.
A ello se añade una carpeta de la FGR por asociación delictuosa contra funcionarios, las investigaciones sobre presuntas reuniones con integrantes del CJNG y, meses después, el asesinato del propio presidente municipal.
Hasta el momento se desconoce el resultado de las investigaciones que permitirían determinar si el gobierno actual de Alejandro Fuerte García forma parte de una organización criminal. Asimismo, no se sabe que hizo Alejandro Fuerte ldespués de asumir para depurar, revisar y blindar la administración que heredó.
Tacámbaro puede organizar el Grito y colocar banderas en las calles. El problema es que la palabra “independencia” adquiere otro significado cuando todavía quedan por esclarecer investigaciones sobre si integrantes del propio gobierno municipal se relacionaron con miembros del CJNG.
La cuestión central de estas Fiestas Patrias no es solamente quién ocupa hoy el balcón del Palacio Municipal.
Es qué tan independiente del crimen organizado está realmente la institución que funciona detrás de ese balcón.
