*Comunidades mazahuas acusaron a Francisco Herrera Franco de colaborar con delincuentes y presionar a sus habitantes para integrarse a un grupo criminal. Periodistas lo denunciaron por amenazas antes de que dos integrantes de Monitor Michoacán fueran asesinados. Jorge Alberto Camacho Delgado fue separado del cargo después de una denuncia por supuestos cobros de 208 mil pesos; un médico también lo señaló por abusos y aseguró haber pagado 800 mil pesos a una intermediaria. Ambos buscan ahora encabezar la Fiscalía de Michoacán.
Morelia, Mich., a 16 de noviembre de 2026.— Uno fue acusado por autoridades indígenas de ponerse del lado de un grupo de la delincuencia organizada. El otro fue apartado de la Fiscalía después de que una empresa denunciara que le cobraban cientos de miles de pesos para hacer avanzar sus investigaciones. Hoy, Francisco Herrera Franco y Jorge Alberto Camacho Delgado quieren dirigir la institución.
Ambos aparecen entre las 38 personas registradas para encabezar la Fiscalía General del Estado de Michoacán: Herrera con el folio 005 y Camacho con el 024, de acuerdo con la relación publicada por PostData y atribuida a la Comisión de Justicia del Congreso.
Su inscripción coloca frente a quienes elegirán al próximo fiscal una pregunta incómoda: ¿quiénes son estos controvertidos personajes y qué ocurrió con las denuncias contra ellos?
Una evaluación seria exige responderla. Además de los años dentro de la institución y los cargos acumulados, arrastran acusaciones de colaboración criminal, amenazas y chantajes económicos para acceder a la Justicia.
Herrera Franco: las comunidades lo acusaron de favorecer al crimen
Las acusaciones contra Herrera no fueron una vaga inconformidad con su desempeño.
En febrero de 2021, autoridades mazahuas de Crescencio Morales, Francisco Serrato y Donaciano Ojeda, en Zitácuaro, lo acusaron de estar involucrado con la delincuencia organizada y de proteger a criminales.
En febrero de 2021 se difundió un video en el que un representante comunitario confrontó al entonces fiscal regional por presionar a habitantes para incorporarse a un grupo delictivo. Los pobladores lo relacionaban con el llamado Cártel de los Cristaleros, vinculado con la Familia Michoacana y responsable de la producción de metanfetamina, secuestro y tala clandestina en los bosques del Oriente de Michoacán.
Lo acusaron de usar su posición para favorecer a delincuentes y presionar a las comunidades que debía proteger, para que se incorporaran a la delincuencia organizada.
Periodistas lo denunciaron por amenazas; después, dos fueron asesinados
El antecedente es de Monitor Michoacán. Armando Linares, director del medio, denunció públicamente que las amenazas contra su equipo comenzaron en 2021, después de publicar información sobre presunta corrupción de autoridades locales y de Herrera Franco.
El 31 de enero de 2022 fue asesinado Roberto Toledo. El 11 de febrero, Linares y otros comunicadores acudieron a la FEADLE para denunciar presuntas amenazas de ocho funcionarios, entre ellos Herrera. Animal Político informó tener copia de esa denuncia.
El 15 de marzo de 2022, Linares también fue asesinado.
Tras ambos crímenes, Monitor Michoacán cerró sus plataformas.
El audio atribuido al “Fiscal del Terror”
Herrera se ha ganado el mote del “Fiscal del Terror”, un lastre con el que tuvo que cargar en su candidatura judicial en 2025, la cual perdió.
Otro antecedente central es una grabación difundida en 2022 y atribuida al entonces funcionario y a Edwin Rivera Padilla, alias "El Barbas", jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Zitácuaro.
Noventa Grados reportó el 2 de mayo de 2022 que la conversación precedió a la salida de Herrera de la Fiscalía. Según la charla, ambos interlocutores discutían la manera de librar a un sicario del Barbas de un delito de homicidio.
Herrera negó ser quien hablaba en la grabación, rechazó conocer al interlocutor y aseguró que el hecho vial mencionado ya había sido investigado. También sostuvo que renunció por motivos personales, frente a las versiones periodísticas de una destitución; una excusa bastante afortunada para él.
Su candidatura judicial no borró las denuncias
Herrera compitió por un juzgado federal en 2025. En su currículum presentado al INE declaró más de 35 años de experiencia y cargos como ministerio público estatal y federal, subdelegado de la FGR y fiscal regional en cinco zonas de Michoacán.
La organización civil "Defensorxs" cuestionó su candidatura por el requisito de buena reputación. En la sentencia SUP-REP-109/2025, el Tribunal Electoral identificó entre los documentos aportados una carpeta de la FEADLE —FED/FEMDH/FEADLE-MICH/00001053/2021— y una solicitud de petición ante la CIDH, P-1691-22, además de materiales periodísticos y audiovisuales.
La resolución confirmó que el procedimiento especial sancionador no era la vía adecuada para discutir su elegibilidad.
Camacho Delgado: lo separaron por una investigación y ahora pide el mando
Por su parte, el antecedente de Jorge Alberto Camacho Delgado incluye una decisión oficial: su separación de la Fiscalía de Asuntos Especiales.
El 7 de febrero de 2025, la Fiscalía anunció que lo apartaba del cargo, junto con el ministerio público René Carlos Espinosa Albarrán, mientras investigaba posibles hechos delictivos denunciados por una empresa aguacatera.
Hoy busca encabezar esa misma institución.
Entre su separación y su solicitud para ser fiscal falta una respuesta pública fundamental: cómo terminó la investigación. Sin ese dato, su candidatura exige explicaciones que ningún currículum puede suplir.
Los “moches” de cientos de miles de pesos para acceder a la Justicia
La empresa acudió a la Fiscalía por presuntos fraudes relacionados con embarques de aguacate. Su representante denunció después que Camacho y Espinosa Albarrán solicitaron 208 mil pesos para hacer avanzar las investigaciones.
Las víctimas presentaron comprobantes de los depósitos y fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción con documentos sobre los pagos.
La acusación fue directa: funcionarios de la institución habrían condicionado actuaciones de justicia a entregas de dinero.
En entrevista, Juan Carlos Venegas, representante de la empresa, desglosó las cantidades: 73 mil pesos mediante depósitos y 135 mil en efectivo. Sostuvo que las investigaciones no avanzaron como se le había ofrecido.
También afirmó que su denuncia fue remitida entre áreas y que él mismo era investigado por cohecho, al dejar de pagar los montos que frecuentemente le pedían los funcionarios para facilitar el avance de su caso.
Frida Santamaría: su familia acusó a Camacho de intervenir para favorecer un juicio abreviado
Los señalamientos contra Camacho ya eran públicos antes del caso aguacatero.
En marzo de 2023, se hicieron públicas las denuncias de la familia de Frida Santamaría, fallecida el 18 de junio de 2022, sobre irregularidades en el proceso contra su pareja, Juan Paulo “N”, el presunto asesino.
Eduardo Santamaría, padre de Frida, acusó a Camacho de intervenir en un acuerdo para un procedimiento abreviado sin consentimiento de los padres. La familia cuestionó que el caso se tratara como homicidio culposo después de haberse investigado como feminicidio.
En febrero de 2024, el padre reiteró públicamente que Camacho había manipulado el trámite para asegurar ese procedimiento.
Una familia lo señaló por impulsar una salida procesal que rechazaba en el caso de la muerte de su hija. Ese antecedente merece una respuesta concreta de quien pretende dirigir la atención ministerial a víctimas.
El médico que pagó 800 mil pesos para frenar el acoso judicial
El 14 de febrero de 2025, Noventa Grados publicó el testimonio de un médico que atribuyó a Camacho y a personal ministerial cateos abusivos, robo de bienes y hostigamiento.
Afirmó que terminó fuera de Michoacán y que entregó 800 mil pesos a una intermediaria para obtener un no ejercicio de la acción penal, describiendo un modus operandi coincidente con el relato de otras víctimas.
El Congreso deberá explicar qué está dispuesto a aceptar
Herrera fue acusado por comunidades de favorecer a criminales y denunciado por amenazas. Camacho fue separado tras una denuncia por cobros indebidos y señalado por familiares de una víctima. Esos son antecedentes concretos, no simples diferencias de opinión sobre su trabajo.
Ante la renovación de la titularidad de la Fiscalía de Michoacán si alguno avanza, quienes lo impulsen tendrán que explicar con documentos y razones públicas por qué lo consideran apto para dirigir la Fiscalía pese a su negro historial. El costo de una evaluación superficial lo asumirían las víctimas y los michoacanos por muchos años.









