Invasores armados con respaldo político desafían a la FGR en Tacámbaro, Michoacán: A punta de pistola corren a dueños y trabajadores de huerta de aguacate restituida

Invasores armados con respaldo político desafían a la FGR en Tacámbaro, Michoacán: A punta de pistola corren a dueños y trabajadores de huerta de aguacate restituida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 19:07:37

*La disputa por una huerta aguacatera sacó a la luz vínculos entre grupos armados, intereses económicos y personajes relacionados con el poder político en Michoacán. Denunciantes señalan a Ramiro García Sandoval y Jesús Manuel Doddoli Fragoso como participantes en las agresiones, mientras apuntan a un supuesto respaldo de Ramón Raudel Campos Murillo, exfuncionario de Tacámbaro con antecedentes judiciales en Estados Unidos.

Tacámbaro, Mich., a 15 de noviembre de 2026.— Ni la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) ni el presunto acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional habrían sido suficientes para garantizar la restitución de una huerta aguacatera en Tacámbaro, donde un grupo de hombres armados habría expulsado, mediante amenazas y agresiones, a los propietarios y trabajadores que intentaban ingresar al inmueble para realizar labores de cosecha.

El episodio, denunciado por personas relacionadas con los afectados, apunta a un conflicto que trasciende la disputa por una propiedad agrícola y alcanza el terreno de las relaciones políticas, los intereses comerciales del aguacate y la posible actuación de grupos civiles armados.

De acuerdo con los testimonios, las autoridades federales habían realizado una diligencia para entregar la posesión del terreno a sus legítimos propietarios, después de que permaneciera bajo el control de terceros. Sin embargo, cuando los beneficiarios de esa restitución regresaron al día siguiente, acompañados de camiones y trabajadores dedicados al corte de aguacate, se encontraron con hombres que portaban armas de fuego y radios de comunicación.

Los denunciantes aseguran que fueron amenazados, intimidados y agredidos físicamente, además de que algunos trabajadores habrían sido encerrados para impedirles continuar con sus actividades.

La consecuencia fue que quienes habían recibido la posesión del predio no pudieron ejercerla, mientras el grupo contrario mantuvo el control material de la huerta.

Señalan a Ramiro García Sandoval y Jesús Manuel Doddoli Fragoso

Los testimonios identifican a Ramiro García Sandoval y Jesús Manuel Doddoli Fragoso como presuntos participantes en el grupo que habría impedido el ingreso de los propietarios y sus trabajadores.

De acuerdo con los informantes, García Sandoval mantiene vínculos con la administración municipal de Tacámbaro, al igual que su hijo, Ramiro García Suárez, quien también sería trabajador del Ayuntamiento.

Esta circunstancia ha despertado cuestionamientos sobre la posible existencia de relaciones de protección o influencia alrededor de quienes disputan el control del terreno.

Los afectados también sostienen que algunas de las personas relacionadas con el conflicto han sido citadas en distintas ocasiones para comparecer ante las autoridades, sin atender los requerimientos.

La sombra de Raudel Campos Murillo y sus antecedentes judiciales

Uno de los señalamientos políticamente más delicados involucra a Ramón Raudel Campos Murillo, ex tesorero municipal de Tacámbaro, a quien los informantes atribuyen un supuesto respaldo a las personas que mantienen la disputa por el predio.

El nombre de Campos Murillo ya había adquirido notoriedad pública por sus antecedentes judiciales y por investigaciones federales relacionadas con integrantes del gobierno municipal.

En noviembre de 2024 se conoció que el entonces funcionario había cumplido una condena de 18 meses de prisión en Estados Unidos por un delito relacionado con el transporte de menores con fines de prostitución, antecedente que derivó en una fuerte controversia pública y su salida de la Tesorería municipal.

Posteriormente, su nombre también apareció en información periodística relacionada con investigaciones federales sobre presuntos vínculos entre funcionarios de Tacámbaro e integrantes de la delincuencia organizada.

La FGR abrió investigaciones en 2024 por posibles conductas de asociación delictuosa, en un contexto de señalamientos sobre supuestas reuniones entre servidores públicos municipales e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estos antecedentes no acreditan participación de Campos Murillo en los hechos denunciados en la huerta aguacatera. Sin embargo, su mención por parte de los afectados coloca bajo atención las posibles relaciones de influencia que rodean el conflicto.

Hasta el momento no se ha presentado evidencia independiente que demuestre que el exfuncionario haya ordenado, financiado o participado en las presuntas agresiones.

El apellido Doddoli y sus conexiones con la política de Uruapan

Otro de los personajes señalados, Jesús Manuel Doddoli Fragoso, aparece en los testimonios como presunto participante en los acontecimientos.

Los informantes lo relacionan familiarmente con Jesús María Doddoli Murguía, conocida como Mary Doddoli, expresidenta municipal de Uruapan y figura de trayectoria política vinculada al Partido Acción Nacional.

En la información proporcionada también aparece una empresa identificada como Operadora Frutas SAPI, S.A. de C.V., cuya representación se atribuye a Lainal Vicente Melgoza.

La referencia a esta compañía introduce un posible componente económico en la controversia: el interés por la producción, aprovechamiento y comercialización del aguacate que se cultiva en el inmueble.

La FGR intervino: una carpeta federal abre nuevas interrogantes

En medio de los señalamientos existe un documento con membrete de la Fiscalía General de la República, fechado el 12 de noviembre de 2026, que identifica la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0002091/2026.

El oficio, identificado con el número MOR-EIL-E1C3-2115/2026, contiene una solicitud de intervención pericial en materia de Ingeniería y Arquitectura, con fecha término del 19 de noviembre de 2026.

Los afectados aseguraron que la restitución se intentó realizar con participación de personal de la FGR y acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional, pero fue neutralizada mediante amenazas y la presencia de civiles armados y con radios de comunicación.

Aguacate, armas y poder: el trasfondo de la disputa

El conflicto ocurre en una región donde el valor económico de las tierras aguacateras convierte la posesión y explotación de los predios en un asunto de considerable interés patrimonial.

En este caso, los denunciantes aseguran que el grupo que impidió la entrada no solamente bloqueó el acceso al terreno, sino que recurrió a armas de fuego, amenazas y agresiones para evitar que los trabajadores iniciaran la cosecha.

La intervención de personas relacionadas con servidores públicos municipales añade una dimensión política que deberá esclarecerse mediante investigaciones y pruebas.

Ahora las autoridades tendrán que determinar si se configuraron delitos como despojo, amenazas, lesiones u otras conductas previstas en la legislación aplicable, así como investigar cualquier eventual participación indebida de funcionarios.

También deberán esclarecer si existen intereses comerciales detrás de la resistencia a entregar el inmueble y si alguna persona utilizó sus relaciones políticas para favorecer a uno de los grupos involucrados.

¿Quién garantiza el cumplimiento de una restitución federal?

Más allá de los nombres y antecedentes que aparecen en los testimonios, el punto central del conflicto es la presunta incapacidad de los propietarios para ejercer la posesión que, según afirman, les fue restituida por autoridades federales.

Los denunciantes sostienen que, pese a la intervención de la FGR y la Guardia Nacional, hombres armados les impidieron trabajar el terreno y mantuvieron el control de la huerta.

La Fiscalía tendrá que esclarecer la naturaleza de la diligencia realizada, las circunstancias de las presuntas agresiones y las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tacámbaro deberá aclarar la situación laboral de las personas mencionadas como trabajadores municipales.

La pregunta de fondo es si una restitución ejecutada por autoridades federales puede quedar sin efectos en la práctica por la intimidación de un grupo armado y qué mecanismos existen para proteger a quienes recibieron legalmente la posesión.

En Tacámbaro, esa interrogante adquiere particular relevancia por la combinación de intereses aguacateros, la activa operación del crimen organizado, antecedentes de investigaciones sobre funcionarios públicos y denuncias de violencia que rodean este conflicto.

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