Compartir
Twittear
MensajearPeribán, Mich., a 20 de septiembre de 2026.— El hartazgo por las extorsiones en la zona aguacatera de Peribán comienza a traducirse en una propuesta que hasta hace poco habría parecido impensable: que productores, empacadores y ciudadanos aporten dinero para financiar una nueva fuerza de seguridad local, inspirada en el modelo de Tancítaro.
La convocatoria que circula en redes sociales y grupos de mensajería llama a habitantes del municipio a “alistarse” para formar una policía capaz de enfrentar el cobro de cuotas, amenazas y extorsiones. En mensajes difundidos junto con el documento, uno de los presuntos impulsores asegura estar hablando con propietarios de empaques y productores para que “entre todos” paguen lo necesario.
La propuesta surge en una región donde las extorsiones ya se miden en millones de pesos.
El caso más contundente ocurrió el 10 de agosto en el propio Peribán. De acuerdo con información difundida posteriormente sobre la investigación, a un productor de aguacate le habrían exigido 3 millones de pesos para permitirle continuar cosechando su propia huerta. Dionicio “N”, señalado como responsable del cobro, fue detenido durante un operativo realizado después de que la víctima denunciara ante las autoridades.
Ese episodio permite dimensionar el tamaño del problema: ya no se trata necesariamente de pequeñas cuotas exigidas ocasionalmente a un comerciante, sino de cobros capaces de poner en riesgo cosechas completas, patrimonio y continuidad de empresas agrícolas.
Y los 3 millones de pesos exigidos en Peribán no son una cifra aislada dentro de la industria.
Productores han denunciado esquemas en los que grupos criminales exigen entre 10 centavos y un peso por cada kilogramo de aguacate, dependiendo de la zona y las circunstancias. Un productor entrevistado en agosto describió amenazas contra quienes se niegan a pagar y señaló que los cobros pueden dirigirse a productores, empaques, transportistas y comerciantes.
Investigaciones y declaraciones atribuidas a la Fiscalía michoacana han documentado esquemas todavía mayores en otras partes del cinturón aguacatero. En la zona de Uruapan, por ejemplo, autoridades señalaron a un operador criminal acusado de cobrar alrededor de 2 pesos por kilogramo de aguacate comercializado. Otros reportes basados en información de la Fiscalía mencionan cuotas variables de entre uno y seis pesos por kilo, dependiendo de precios y temporada. Esas cifras corresponden a investigaciones sobre redes regionales y no deben extrapolarse automáticamente a todos los productores de Peribán.
La escala explica por qué el aguacate se convirtió en objetivo estratégico del crimen organizado. En una huerta que comercialice cientos de toneladas, incluso una cuota aparentemente pequeña por kilogramo puede convertirse rápidamente en cientos de miles o millones de pesos.
Mientras tanto, en Peribán continuaron apareciendo durante agosto denuncias ciudadanas sobre presuntos cobros y amenazas contra propietarios de empacadoras, compradores y otros participantes de la cadena aguacatera.
Un reporte local aseguró que algunas víctimas denunciaban incluso que las cuotas habían regresado “con intereses”; esas afirmaciones provienen de testimonios y no equivalen por sí mismas a hechos judicialmente comprobados.
El Gobierno federal también ha reconocido que el sector productivo michoacano está bajo presión. El 11 de agosto informó la detención de 12 personas relacionadas con presuntas células dedicadas al cobro de cuotas a empresarios de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico. Las autoridades señalaron que existían personas encargadas específicamente de cobrar y recolectar dinero de las víctimas.
Es en este escenario donde aparece la convocatoria de Peribán.
El texto plantea algo más ambicioso que contratar vigilancia privada: habla de constituir una “buena policía”, proporcionar entrenamiento, salarios y prestaciones, e involucrar económicamente a productores y propietarios de empacadoras. Sus promotores aseguran además que habría conversaciones con el gobierno para cumplir los requisitos correspondientes.
Hasta ahora, sin embargo, no hay en la información disponible una confirmación pública de que el Gobierno de Michoacán haya autorizado esta nueva fuerza ni de cuánto dinero pretenden recaudar los impulsores.
Ese punto es crucial. Financiar una corporación policial legal, sometida a controles oficiales, es muy distinto a constituir un grupo armado de particulares. La propia convocatoria intenta presentarse como el primer escenario al hablar de requisitos, adiestramiento y prestaciones, pero la existencia de esos acuerdos necesita confirmación oficial.
La referencia a Tancítaro tampoco es menor. En ese municipio vecino, ubicado en el corazón de la producción aguacatera, se desarrolló durante años un modelo particular de seguridad con fuerte participación de productores y estructuras comunitarias, combinado posteriormente con instituciones policiales formales.
Ahora algunos habitantes de Peribán parecen preguntarse si ese modelo puede replicarse.
Lo que sí puede afirmarse es que el dinero está en el centro de la disputa. Millones de pesos en cosechas, millones potencialmente exigidos como extorsión y ahora dinero privado que algunos productores estarían dispuestos a colocar en seguridad.
La paradoja para Peribán es evidente: la riqueza que produjo el aguacate convirtió al municipio en uno de los motores agrícolas de la región, pero esa misma riqueza lo volvió atractivo para redes criminales dedicadas al cobro de piso.
Y después de un caso en el que presuntamente se exigieron 3 millones de pesos a un solo productor para dejarlo cosechar, la discusión que empieza a circular entre aguacateros ya no es únicamente cuánto cuesta producir.
Es cuánto están dispuestos a pagar para poder seguir trabajando.
