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MensajearCiudad de México, a 25 de junio de 2025.- Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR), se negó a echar abajo la resolución del tema Ayotzinapa, indicando que se debe dar a conocer la versión públicamente, la decisión del ya extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), fue rebatida por tres presuntos sicarios del grupo delictivo denominado como “Guerreros Unidos”, en su momento, este grupo fue señalado por participar en los hechos ilegales del caso, como fueron el secuestro, homicidio y desaparición de los normalistas.
El ministro Juan Luis González Alcántara, hizo una propuesta en la cual decía que “en hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la información no puede clasificarse como reservada”, esta propuesta recibió 4 votos a favor y 1 en contra, por lo que la sala avaló este proyecto.
Con este proceso nuevo avalado, la Fiscalía se verá en la forzosa necesidad de publicar la versión pública de la carpeta del caso Iguala, donde se encuentran los tomos de la investigación iniciada en el 2014.
En la administración del expresidente, Manuel López Obrador, los sicarios que estaban inmiscuidos en el caso, se convirtieron en colaboradores, esa acción ayudó a que varias personas acabaran detenidas. De los testigos que había, solo quedan vivos dos, ya que en la semana pasada, fue privado de la vida “el pato”, en el Estado de México.
Alcántara Carrancá dijo que los argumentos en contra le parecían estériles, agregando qué: “En las relatadas consideraciones, no le asiste razón a los quejosos y recurrentes, pues el ejercicio del derecho de acceso a la información, en los casos que verse sobre investigaciones de hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la información solicitada no puede clasificarse como reservada, aunado a que, tratándose de datos personales, los sujetos obligados o las autoridades en la materia están obligados a emitir una versión pública del documento solicitado en el que testen la información confidencial (como se ordenó por la autoridad responsable); siendo que con ello se resuelve la tensión entre el principio de máxima publicidad y las limitaciones al derecho de acceso a la información en razón de los datos personales considerados confidenciales”.
