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MensajearQuerétaro, Querétaro, 8 de octubre de 2026.- Una trama de presunta coacción partidista y uso de necesidades básicas con fines políticos sacudió el escenario local, luego de que el diputado independiente del Congreso del Estado, Enrique Correa Sada, denuncia públicamente que personal vinculado a la oficina del legislador de Morena, Ulises Gómez de la Rosa, condiciona el trámite de contratos de agua potable a bajo costo a cambio de la afiliación forzosa a dicho partido.
Explicó que la red de condicionamiento opera en las inmediaciones de los módulos de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, donde ciudadanos de sectores vulnerables acuden a gestionar subsidios estatales para la instalación de tomas domiciliarias.
Afirmó que ha recabado quejas directas de ciudadanos a quienes personal identificado con la Legislatura les exige registrarse en padrones partidistas como requisito para procesar el beneficio.
"Nadie puede condicionar el acceso al agua, a los bienes ni a los servicios públicos. Eso es una grave violación a los derechos humanos y un delito electoral".
Adelantó que procederá legalmente mediante denuncias formales ante la Contraloría del Poder Legislativo para deslindar responsabilidades administrativas, así como ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) por la probable comisión de delitos electorales y desvío de recursos públicos.
Durante una verificación en la delegación Santa Rosa Jáuregui se constató la instalación de "mesas de trabajo" operadas por brigadistas y asesores del diputado Ulises Gómez de la Rosa, así como personas identificadas como "servidores de la nación", montadas a unos pasos de la oficina de la CEA. El despliegue incluye carpas, mobiliario, plantas de energía, equipo de cómputo e impresoras con conectividad satelital para digitalizar documentos e identificaciones en tiempo real.
Aunque los coordinadores del módulo argumentaron que su presencia responde exclusivamente a brindar asesoría legal y técnica ante la "excesiva burocracia" de la CEA, testimonios de los propios solicitantes contradicen la versión oficial.
Mientras una trabajadora del módulo aseguraba que la ayuda era desinteresada y gratuita, una habitante de la zona la encaró directamente denunciando que le retuvieron su credencial de elector bajo la exigencia de firmar su afiliación al partido para recibir la gestión del servicio.
"Están mintiendo y lo peor es que están lucrando con la necesidad que tiene la gente para realizar este tipo de solicitudes", recriminó la afectada, quien señaló que, a diferencia de los trámites oficiales ante la CEA, en dicho módulo exterior el apoyo está sujeto a la entrega de datos personales con fines electorales.
El operativo no solo se limita a las inmediaciones de la dependencia estatal; mediante redes sociales y grupos comunitarios se difunden contenidos promocionales que anuncian el paso de estas brigadas en comunidades alejadas de la delegación.
Pese a que el personal del módulo justifica la intervención atribuyendo el problema al rigor burocrático de la CEA, asegurando que actúan bajo instrucciones directas del diputado Ulises Gómez para orientar a la población, los testimonios recabados por las partes afectadas reiteran que el llenado de formatos incluye el registro al padrón de Morena como condición indispensable para acceder al programa de subsidio hídrico del Gobierno del Estado.
