Compartir
Twittear
MensajearMorelia, Michoacán, a 30 de septiembre del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dejó entrever posibles errores en la reforma electoral del estado de Chihuahua, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó lo aprobado por el congreso de aquel estado, que, entre otros puntos, contemplaba sanciones por la intromisión del crimen organizado en los comicios.
En entrevista con medios de comunicación, el gobernador michoacano dijo desconocer que hizo mal el Congreso de Chihuahua, pues en Michoacán sí se aprobaron medidas de inspección, sanciones e incluso la nulidad de la elección en caso de que se reporte injerencia del crimen organizado.
Apuntó que se contempla la instalación de un comité revisor de la ética y probidad de las candidaturas con la participación de instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y los partidos políticos; resaltó que si bien los institutos pueden o no participar en ello, dicho proceso permitirá ver “quién es quién”, esperando, dijo, que todos participen.
“Ya veremos quién es quién, y bueno, fuera máscaras”, enfatizó.
Ramírez Bedolla prefirió no opinar a mayor profundidad del caso de Chihuahua, pues dijo desconocer exactamente el caso resuelto por la SCJN, sin embargo, destacó que en el caso de Michoacán, tras la reforma enviada al Congreso local, la elección estará blindada de la delincuencia organizada en dos momentos:
* en el registro de los candidatos con la revisión del comité antes mencionado, que conforma el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otras instituciones, pues verifica que no haya antecedentes penales, que no sea deudor alimentario, que no haya antecedentes de corrupción o lavado de dinero (UIF).
* En caso de demostrarse la injerencia, se plantearía la nulidad de la elección.
Cabe señalar que según lo informado por la Suprema Corte, se validaron aspectos de la reforma como reglas de representación proporcional, paridad, registro de candidaturas, nulidad por actos de delincuencia; e invalidó, restricciones a las facultades interpretativa y reglamentaria de las autoridades electorales, así como reglas de responsabilidad objetiva y sanciones automáticas a candidaturas por cometer actos ilícitos. Además se ordenó incorporar la injerencia extranjera como causal de nulidad de una elección.
