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MensajearMorelia, Mich., a 1 de julio de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, rompió el silencio institucional sobre la herencia de violencia que dejó en el estado la estrategia de seguridad del expresidente Enrique Peña Nieto. En declaraciones recientes, denunció que la intervención del general colombiano Óscar Naranjo —contratado como asesor en temas de seguridad— tuvo efectos devastadores en la región: “Multiplicaron los cárteles”, sentenció.
Ramírez Bedolla se refirió con dureza a la propuesta de replicar esquemas de negociación con el crimen organizado, como lo planteó el arzobispo de Morelia, y dejó clara su postura: El convocar al diálogo a los delincuentes no sirve de nada. Es un tema fallido. No ha funcionado ni en Colombia.
El mandatario michoacano recordó que, bajo la asesoría de Naranjo, el gobierno federal impulsó una estrategia en Michoacán que incluyó la entrega de armas a civiles organizados en supuestas autodefensas para enfrentar a los Caballeros Templarios. “Fue el ‘Rápido y Furioso’ michoacano. Armas que hoy están perdidas”, acusó. Dicha política, impulsada en coordinación con el comisionado Alfredo Castillo, derivó en una fragmentación del crimen organizado, generando nuevas células criminales que aún operan en la región.
“En el gobierno de Peña Nieto trajeron a un general mercenario, Óscar Naranjo, que replicó el modelo colombiano”, afirmó. “Ese general en Colombia fue el creador de las autodefensas y de las guardias blancas. Fue parte del ajusticiamiento que hoy sigue generando estragos allá. Y aquí aplicaron lo mismo”.
Repercusiones de la estrategia: más violencia, más cárteles
Como Noventa Grados ha documentado y denunciado desde esta tribuna durante más de una década, la estrategia asesorada por Naranjo partía de enfrentar a un cártel con el respaldo de actores armados no institucionales. Sin embargo, al empoderar a las autodefensas sin controles eficaces, se abrió la puerta a un nuevo caos.
Muchos de esos grupos terminaron cooptados por el crimen organizado o escindidos en nuevas organizaciones, como Los Viagras el Cártel de Tepalcatepec, o células ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. En vez de disminuir la violencia, esta se desbordó y se hizo más fragmentada e impredecible.
Además, se perdió el control estatal sobre el uso de la fuerza. Las armas entregadas a civiles, sin trazabilidad efectiva, hoy se encuentran desaparecidas o en manos de grupos delictivos. Esta política, denunciada como una réplica de la “colombianización” de la seguridad, generó también violaciones a derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y masacres que siguen impunes.
La legitimación del paramilitarismo tuvo un efecto corrosivo en la institucionalidad. “Combatieron a un cártel con el apoyo de otros cárteles, generando más cárteles. Eso no tiene buen fin”, advirtió el gobernador.
El modelo promovido por Naranjo, basado en su experiencia en Colombia con grupos como Los Pepes o las Autodefensas Unidas de Colombia, es hoy señalado como responsable de miles de muertes, corrupción, y control territorial por parte de actores armados.
"La labor de la Iglesia es religiosa, espiritual, específica. Pero no es la estrategia que nosotros tenemos para recuperar la paz", concluyó el mandatario.
