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MensajearMorelia, Mich., a 7 de junio de 2025.- La indignación crece entre los familiares y compañeros de los ocho militares mexicanos asesinados en un ataque con explosivos el pasado 25 de mayo en los límites de Michoacán con Jalisco. A pesar de que las autoridades detuvieron a 17 personas —12 de ellas de nacionalidad colombiana— en una operación contra una célula armada vinculada presuntamente al crimen organizado, hasta el momento la Fiscalía General de la República solo les ha imputado cargos menores por posesión ilegal de armas y explosivos.
Los hechos ocurrieron en una zona montañosa de Tocumbo, en la frontera con Jalisco, cuando un convoy militar fue sorprendido por una mina terrestre que estalló al paso de un vehículo blindado. El atentado dejó ocho soldados muertos, de los cuales se conoce de manera extraoficial ya que las autoridades no han informado algo al respecto, marcando uno de los episodios más violentos contra la Fuerza Pública en lo que va del año.
Dos días después del ataque, un operativo conjunto entre la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal condujo al allanamiento de una vivienda en ese mismo municipio, donde se arrestó a 17 personas. De ellas, 12 son ciudadanos colombianos que, según información confirmada por el Consulado de Colombia en Ciudad de México, tienen pasado militar.
Nueve de los detenidos fueron soldados profesionales en Colombia durante cerca de una década, y los otros tres cumplieron el servicio militar obligatorio. Se presume que fueron reclutados por redes criminales mexicanas para operar como instructores o elementos de choque dentro de una estructura criminal.
Pese a que en un principio se les vinculó al atentado con explosivos, y se especuló con que formaban parte deL Cártel de Los Reyes, en la audiencia de imputación la Fiscalía solo presentó pruebas relacionadas con la tenencia ilegal de armas largas, municiones y artefactos explosivos encontrados en el lugar del arresto, informó un medio colombiano, pues en México ninguna autoridad ha dado a conocer esto.
Tras la muerte de ocho elementos del Ejército, las únicas consecuencias serían cargos administrativos por posesión de armamento a los imputados.
En Michoacán es evidente la creciente participación de ciudadanos extranjeros, especialmente colombianos con formación militar, en estructuras delictivas. Si bien no es un fenómeno nuevo, su frecuencia ha aumentado en los últimos años, sobre todo en estados con fuerte presencia del narcotráfico como Michoacán, Jalisco y Sinaloa.
Para algunos analistas, este tipo de vínculos refleja un patrón más amplio de cooperación entre cárteles mexicanos y mercenarios extranjeros, con el fin de reforzar su capacidad operativa y táctica.
Mientras tanto, los familiares de los ocho militares caídos siguen esperando justicia. A dos semanas del ataque, no hay imputaciones por homicidio ni acusaciones por crimen organizado. Solo hay silencio, armas decomisadas… y una celda compartida por 17 presuntos delincuentes.
