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MensajearGuadalajara, Jalisco, 11 de octubre de 2026.- Lo que debía ser el ejercicio legítimo de un derecho ciudadano terminó ahogado en una nube tóxica de gas lacrimógeno. Este domingo 11 de octubre, decenas de miles de tapatíos tomaron las calles con una exigencia que debería resultar obvia y básica para cualquier administración: tener acceso a agua limpia.
Sin embargo, al llegar a las puertas de Casa Jalisco, la respuesta del gobernador Pablo Lemus Navarro no fue el diálogo ni las soluciones, sino el uso de la fuerza pública, cañones de agua y la detención de manifestantes.
Desde hace meses, los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara viven una pesadilla sanitaria. El agua que brota de sus grifos no sirve para cocinar, ni para lavar, ni mucho menos para beber. A las casas llega un líquido turbio, maloliente y teñido de café o negro, presuntamente contaminado con metales pesados y coliformes fecales.
Frente a esta indignidad, familias enteras, incluyendo niñas, niños y personas con discapacidad, marcharon desde la glorieta de La Minerva con consignas claras: "Queremos agua limpia" y "Fuera Lemus".
Días antes de la histórica movilización, el gobernador Lemus intentó mostrar una faceta empática y tolerante. Declaró públicamente que entendía la molestia de la ciudadanía y aseguró haber dado instrucciones estrictas para garantizar que la marcha fuera "ordenada y segura". Pero sus palabras fueron tan turbias como el agua que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) envía a los hogares jaliscienses.
La realidad a las afueras de la residencia oficial fue muy distinta. La "marcha segura" prometida por el mandatario fue recibida por un fuerte cerco de policías antimotines. Cuando la tensión natural de una multitud ignorada comenzó a escalar y un grupo arrojó objetos, el gobierno estatal mostró su verdadero rostro represor.
En lugar de contener la situación con protocolos pacíficos, las fuerzas de seguridad estatales accionaron dispositivos de dispersión, lanzaron chorros de agua y detonaron gases lacrimógenos contra la población.
El saldo de esta demostración de intolerancia gubernamental dejó escenas lamentables: manifestantes con ardor en el rostro y vómitos producto de los químicos, vallas derribadas en un acto de desesperación ciudadana y, al menos, ocho personas detenidas por las autoridades.
Resulta paradójico —y profundamente cínico— que mientras el propio Lemus ha tenido que admitir que la ciudad atraviesa una crisis hídrica "como nunca antes", su administración opte por criminalizar a quienes padecen las consecuencias de esta negligencia. Reducir el flujo de agua en un 30% y anunciar tandeos no es resolver el problema, es administrar la miseria.
Mientras en las costas de Jalisco la población se resguardaba ante la amenaza del huracán Simón, en la capital del estado, la verdadera tormenta fue desatada por el propio gobierno contra su gente. La represión de este domingo frente a Casa Jalisco deja un mensaje claro y escalofriante por parte de la administración de Pablo Lemus: en Jalisco, exigir agua limpia se castiga con gas lacrimógeno.
