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MensajearCiudad de México, a 1 de noviembre de 2026.- La denuncia penal presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra el gobierno de Nuevo León por presuntas irregularidades en el manejo de más de 7 mil 200 millones de pesos reavivó las exigencias de Morena para que se investigue al gobernador Samuel García Sepúlveda y se determinen posibles responsabilidades.
Al respecto, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pidió al Congreso de Nuevo León reinstalar la Comisión Anticorrupción y dar continuidad al procedimiento de juicio político contra el mandatario estatal.
El legislador consideró que las acusaciones documentadas por la ASF deben tener consecuencias y recordó que desde hace más de un año había advertido sobre posibles anomalías financieras en la administración de García Sepúlveda.
Asimismo, señaló que la Auditoría presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de identificar presuntas operaciones de triangulación de recursos públicos mediante distintas empresas y transferencias que habrían involucrado alrededor de 7 mil 200 millones de pesos.
Ramírez Cuéllar también cuestionó la suspensión temporal del proceso de juicio político, otorgada por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Estela Ríos, bajo el argumento de posibles afectaciones a la gobernabilidad de Nuevo León.
Explicó que, para avanzar hacia un eventual juicio político, corresponde al Congreso local retomar el procedimiento y permitir que la Comisión Anticorrupción analice las denuncias existentes contra el gobernador.
Además, insistió en la necesidad de retirar el fuero constitucional a Samuel García, con el propósito de que pueda responder ante las autoridades por los señalamientos en su contra. No obstante, advirtió que la mayoría de Movimiento Ciudadano en el Legislativo estatal podría obstaculizar nuevamente el avance de las investigaciones.
El diputado morenista sostuvo que las presuntas irregularidades deben esclarecerse y que las autoridades tienen la responsabilidad de investigar el destino de los recursos públicos, así como deslindar responsabilidades conforme a la ley.
