Carlos Herrera busca senaduría por Michoacán, arrastrando 9 años de señalamientos

Morelia, Mich., a 9 de abril de 2024.- Nueve años de carrera política salpicados por señalamientos de corrupción, de la mano con uno de los peores gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, son el currículum con el que llega Carlos Herrera Tello a buscar una senaduría en este proceso electoral.

Fue en mayo de 2015 que la fracción priista en el Senado de la República acusó al entonces candidato a Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de haber usado 6 mil millones de pesos que gestionó para la entidad en 2013 y 2014, como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para beneficiar a empresas de socios que se convirtieron en candidatos a cargos públicos por el Partido de la Revolución Democrática.

Entre estos nombres figuraba el del entonces candidato a Alcalde de Zitácuaro, exsecretario de gobierno de Michoacán y fracasado candidato a gobernador Carlos Herrera Tello, dueño junto con su hermano Manuel, de las empresas constructoras “Quality Construcción, SA de CV” y “Phomsa Construcciones, SA de CV”, beneficiadas por el presupuesto extraordinario que recibió el municipio de Tuxpan entre 2013 y 2014, por un monto de 133 millones 724 mil 508 pesos.

“Todos esos recursos –53 millones adicionales– a la partida original, se pensaba que eran para beneficio de los pobladores de esa localidad, pero terminaron en manos de las empresa Quality Construcción, SA de CV, Phomsa Construcciones, SA de CV e Ingeniería de Soluciones Estratégicas Pa&nor, SA de CV”, dijeron los senadores priistas al presentar una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República.

De acuerdo con lo acusado entonces, los “beneficios económicos para su campaña electoral -de Herrera Tello- alcanzan los 49 millones 773 mil 798 pesos”.

En 2017, Herrera Tello, ya como alcalde de Zitácuaro, se las volvió a ver con los priistas en el Senado, quienes exhortaron al Congreso del estado de Michoacán a investigar a través de la Auditoría Superior de la entidad, los vínculos de las empresas en las que Carlos Herrera fue vinculado, con contratos otorgados por el gobierno del estado a los municipios.

“Como ejemplo de la presumible red de corrupción, de la que forma parte Carlos Herrera Tello, se encuentra el caso de municipio de Tuxpan, en el que una de las licitaciones relativa a la construcción de una red de drenaje, por 5.1 millones participaron solamente tres empresas relacionadas con el alcalde de Zitácuaro”, señalaron los priistas.

Citaron también la remodelación y equipo de la cancha del municipio de Tuxpan por 2.7 millones de pesos; la instalación de alumbrado público de las calles del Centro y de la Unidad Deportiva de Tuxpan, por más 6.1 millones adjudicada a IDEIMICH S.A de C.V., y la construcción de camino de pavimento de Corucha-Jaracuarillo, por más de 6.1 millones, adjudicada a Torecoma, S.A. de C.V.

En ese entonces el alcalde de Tuxpan era Carlos Paredes Correa (2012-2015), que en 2015 fue candidato del PRD a diputado federal por el distrito 03 de Zitácuaro pero perdió las elecciones, siendo premiado por Silvano Aureoles al nombrarlo titular del Centro Estatal Para el Desarrollo Municipal (Cedemun) por el periodo 2015-2021; en 2018 abandonó el cargo para buscar ser diputado federal y de nuevo fracasó, aunque se reincorporó a la Administración estatal en julio de 2019 como “Jefe Regional del gobierno del estado en Zitácuaro”, designado por Silvano Aureoles y recibiendo su nombramiento de manos de Carlos Herrera.

“La presunta red de corrupción de la que forma parte Carlos Herrera Tello, no se limita a la asignación de obras públicas en el estado de Michoacán, en diversos de comunicación se documentó cómo el entonces Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, entregó 9 contratos que suman 90 millones 181 mil 578 pesos a las empresas Phomsa Construcciones, Torecoma y Qualiti Construcción, todas ellas relacionadas con el alcalde de Zitácuaro y con su hermano Manuel Herrera Tello”, señalaron los senadores.

Víctor Hugo Romo se desempeñó de 2013 a 2015 como jefe delegacional de Miguel Hidalgo por el PRD, periodo en el cual fueron contratadas las empresas de Herrera Tello. Él pertenecía a la misma corriente perredista que Herrera Tello y Silvano Aureoles, el Foro Nuevo Sol, y cerró su Administración con casi 100 millones de pesos sin justificar. Actualmente está en Morena.

“El contrato firmado el 15 de noviembre del 2013 señala que la delegación Miguel Hidalgo asignó $9,757,577.14 pesos a la empresa Torecoma S.A. de C.V. para que en un periodo de 47 días realizara la recuperación, rehabilitación y mejoramiento del espacio público del parque El Mexicanito; diez días después la delegación modificó el contrato y otorgó otros $6,112,001.54 de pesos para que se hiciera otra trotapista, el contrato se incrementó de manera irregular a $15,869,578.68 pesos;

“El 27 y 30 de diciembre de 2013, la delegación entregó 2 contratos a Phomsa Construcciones que suman 24 millones 378 mil 745 pesos, los documentos señalan que la obra estaría terminada en su primera y segunda etapa el 30 de marzo de 2014, no obstante está obra no se concluyó en los tiempos establecidos y la actual delegada, Xóchitl Gálvez, ha señalado mala calidad de las obras”, documentaron entonces los priistas.

De acuerdo con la entonces delegada y hoy candidata a la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez, los daños al erario por estas obras fueron de 12 millones de pesos, que pidieron a las empresas responsables que regresaran.

Asimismo, por la obra de rehabilitación del parque El Mexicanito, la Contraloría General de la Ciudad de México determinó la existencia de “responsabilidades administrativas para siete servidores públicos, derivadas de irregularidades administrativas en la ejecución del contrato”.

De vuelta en Zitácuaro, la Auditoria Superior de la Federación hizo observaciones al Ayuntamiento local, durante la primera Administración de Herrera Tello (2015 - 2018), por casi 3.3 millones de pesos, por presunto desvío de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, dinero destinado al combate a la pobreza, llamando a rendir cuentas al entonces Alcalde y su Tesorero por estas irregularidades.