Morelia, Mich., a 21 de abril del 2020.- Ciudadanos organizados interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en contra del decreto de “aislamiento obligatorio” por parte del gobernador Silvano Aureoles, que además de violar la Constitución, vulnera los derechos humanos de los michoacanos.
Fueron más de 20 ciudadanos quienes de forma organizada, tramitaron una queja ante la CEDH, en contra de la disposición del gobernador Silvano Aureoles, que en un nuevo acto de protagonismo -de los que no se cansa desde que comenzó la crisis por coronavirus y ya que en puerta está el proceso electoral de 2021- anunció penas que van desde multas, hasta la reclusión y trabajos de servicio comunitario, a quienes incumplan el “aislamiento obligatorio”; decreto que la propia CEDH señaló que además de anticonstitucional, solo se prestará a la extorsión masiva de los ciudadanos, por parte de los cuerpos policiales.
En su queja, los ciudadanos manifestaron que la disposición estatal, “viola los derechos a la libertad y seguridad personal, libertad de reunión y asociación, libertad de tránsito consagrados en los artículos 9, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, 7, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y demás instrumentos internacionales, así como la Constitución del estado de Michoacán y sus leyes”.
Recordaron que “De acuerdo con el sistema jurídico mexicano las autoridades municipales y los gobiernos de los estados no cuenta con facultades legales ni constitucionales para emitir decretos que restrinjan y/o suspendan derechos humanos”, facultad exclusiva del Presidente de la república, con aprobación del Congreso de la Unión.
Consideraron que el decreto de Silvano Aureoles “erosiona de manera profunda una cantidad de derechos humanos, que se ven afectados por la puesta en marcha de este régimen de excepción de facto, que intenta legitimar detenciones ilegales y arbitrarias, dinamitar la libertad de tránsito y circulación, poner en peligro la integridad de las personas, entre muchas otras violaciones”.
Por ello, pidieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que emita medidas precautorias o cautelares, entendidas como aquellas que sirven para conservar o restituir a una persona en el goce de sus Derechos Humanos.









