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Morelia, Mich., a 22 de marzo del 2019.- Por no respetar los acuerdos establecidos entre empleados del Hotel Virrey de Mendoza con la gerencia y el propietario, aunado al despido de un trabajador más (para sumar seis), se ha reinstalado el paro laboral, ahora de manera indefinida.
El pasado fin de semana, trabajadores del hotel que han denunciado hostigamiento, amenazas, acoso laboral y sexual y la retención de sus propinas, comenzaron un paro que derivó en el despido de cinco trabajadores.
En aquella ocasión, salieron a la luz dos audios, del propietario y el gerente, insultando el primero a un empleado a quien llama “pendejo” e “idiota” y reclama para su hotel las propinas, mientras que en la otra grabación se escucha al gerente despedir sin motivo alguno a cinco trabajadores, asegurando seguir órdenes directas de su jefe.
Horas después, se anunció que se llegó a un acuerdo y los empleados recomenzaron sus labores en la semana, con la promesa de no sufrir represalias y mejorar sus condiciones laborales.
Sin embargo, este viernes, los cinco empleados que fueron notificados de su despido, siguen en la misma situación, además de que uno más fue cesado.
Pablo Cortés García, despedido el día de hoy, relató a Noventa Grados que por la mañana se encontraba trabajando, cuando fue llamado por el gerente, quien acompañado de un abogado del hotel, le notificaron su despido.
El motivo: Apoyar a los empleados que comenzaron el paro laboral el pasado fin de semana.
Por esto, los trabajadores reinstalaron el paro con carácter de indefinido, exigiendo la recontratación de los empleados despedidos.
El abogado que defiende la causa de los trabajadores, Arturo Ismael Ibarra Dávalos, recordó que ya se habían logrado acuerdos con la gerencia y el dueño del hotel, este último de nombre Ramón Toca Treviño, asegurándose que nadie sería despedido, lo que llevó a los trabajadores a regresar a laborar, pero la promesa no fue cumplida.
Apuntó que confiaron en la palabra del dueño y la gerencia, pero por la violación del acuerdo acudirán a la Junta de Conciliación y Arbitraje y a la Fiscalía General de Justicia del estado.









