Morelia, Mich., a 26 de septiembre del 2018.- La Procuraduría de Justicia del estado de Michoacán adeuda más de un millón de pesos al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, por el servicio que le presta el organismo a la sede principal de la PGJE en la capital del estado.
En un recibo emitido ayer martes por el OOAPAS, consta que el adeudo asciende al millón 309 mil 79 pesos con 1 centavo por el gasto de agua que genera la sede principal de la PGJE, ubicada sobre el Periférico Paseo de la República.
La deuda que viene arrastrando la Procuraduría con el OOAPAS ha generado que tan solo de recargos se paguen más de 67 mil pesos.
Sin embargo, la Procuraduría no solo le debe al OOAPAS, sino a diferentes actores que garantizan el funcionamiento de la dependencia, desde proveedores de gasolina hasta sus propios empleados, como agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos.
La deuda con el sector gasolinero es por un monto de alrededor de 40 millones de pesos y por lo mismo se les ha dejado de brindar el servicio a los empleados de la PGJE, quienes tienen que poner de su bolsillo para abastecer los vehículos de la dependencia.
El mal manejo de la Procuraduría que encabeza José Martín Godoy Castro queda patente al denunciar los propios trabajadores que tienen que llevar ellos mismos los artículos de papelería (plumas, hojas blancas, tinta para impresora) ya que la Procuraduría no se los proporciona.
Por otra parte, no dejan de crecer las denuncias contra funcionarios de la dependencia, que indican que además de incluir en la nómina a parientes y amigos, están involucrados con la delincuencia organizada.
Tal es el caso de Félix Hernández Hernández, director de Delitos de Alto Impacto de la PGJE en Morelia, quien ha sido señalado en múltiples ocasiones de apoyar al crimen organizado e incluso su nombre y apodo han aparecido en narcomantas.
A él se le acusa de recibir dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación desde que operaba como Comandante de Uruapan, además de estar involucrado en secuestros y extorsiones, recibiendo quejas de imponer a sus subordinados cuotas de personas presentadas y cateos realizados.
Otros dos comandantes de la PGJE, Arturo Martínez Vargas y José Elías Moreno Oviedo, también han sido señalados de nexos con la delincuencia organizada.
Otra práctica común de los ministeriales, que se ha denunciado en varios municipios del estado, es la extorsión a automovilistas bajo el engaño de que sus autos cuentan con reporte de robo, por lo que los conductores ceden a un soborno para no ser detenidos.
Asimismo, ha trascendido que altos mandos dentro de la PGJE protegen a las bandas que se dedican al robo de combustible de los ductos de Pemex en los límites de Michoacán y Guanajuato, a quienes les facilitan la comisión del ilícito y hasta los escoltan.









