Morelia, Mich., a 20 de agosto del 2020.- El 2020 es “año de Hidalgo en Michoacán”, y en la recta final del mandatario de Silvano Aureoles Conejo es la Dirección de Tránsito y Movilidad del estado, la ejecutora de un sinnúmero de extorsiones y abusos contra conductores con millonarias ganancias para los involucrados: En un nuevo caso de corrupción, un ciudadano que sufrió un percance vial se negó a pagar una extorsión de 4 mil pesos que le pedían en la Dirección de Tránsito que dirige Jorge Alvarado Serrato, compadre del gobernador Silvano Aureoles Conejo, y por ello su caso fue turnado a la Fiscalía del estado, por un mes su vehículo permaneció en un corralón y al final tuvo que pagar 6 mil 500 pesos para liberarlo.
Así lo denunció a Noventa Grados el conductor José Lucatero, que en entrevista relató un nuevo caso de corrupción que se fragua al interior de la Dirección de Tránsito y Movilidad del estado, dirigida por un sujeto que por casi 5 años ha vivido en el escándalo, y no debería ocupar tal cargo pues carece de los requerimientos estipulados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, violando así la Constitución mexicana, pero que es cercano al mandatario perredista Aureoles Conejo y al secretario de gobierno Carlos Herrera Tello.
El conductor relató que el pasado mes de julio al circular por calles al norte de la ciudad de Morelia, se salió una llanta de su camioneta en la glorieta que se encuentra a la altura del Polifórum, la cual por fortuna no dañó a ninguna persona o algún bien material.
Al lugar acudieron peritos de la Dirección de Tránsito y Movilidad del estado, quienes solicitaron una grúa de “Grúas Hernández” para que se llevaran el vehículo y le pidieron al conductor que pasara al área de peritos posteriormente.
El conductor acudió el mismo día del incidente a la oficina señalada, donde una funcionaria de nombre Cynthia Yuritzi Castro Ayala le pidió 4 mil pesos para liberar la unidad sin mayores inconvenientes, o tendría que remitir su caso a la Fiscalía General del estado.
Sin embargo, José no se dejó intimidar y se negó a pagar la extorsión y en consecuencia su caso fue turnado a la FGE, diciéndole el personal de Tránsito y Movilidad que se le abrió una carpeta de investigación.
Acto seguido, se dirigió a la Fiscalía del estado para dar seguimiento del caso, donde le solicitaron acreditar la propiedad de la unidad una copia de la factura del vehículo, y se comenzó el proceso de peritaje de identificación y avalúo por el incidente de tránsito.
Sin embargo, el procedimiento se retrasó pues al acudir el agente del Ministerio Publico al domicilio fiscal de “Grúas Hernández” y/o “Multiservicios Hernández”, los empleados manifestaron que el vehículo no estaba allí, y ni en el área de Peritos de Tránsito le supieron dar razón de la unidad, siendo que sus agentes fueron quienes pidieron la grúa.
Fue así que José comenzó a rastrear su camioneta, hallándola en el corralón de “Grúas Juárez”, siendo esta empresa y “Grúas Hernández” manejadas por su matriz “Auxilio Vial De México Del Bajío SA de CV”, que sería propiedad de un cercano a las altas esferas del Gobierno de Michoacán, beneficiada a través de un convenio con Tránsito y Movilidad del estado, dependencia al frente de la cual está el compadre del gobernador Silvano Aureoles, Jorge Alvarado Serrato. Dicha empresa también se presenta con los nombres de “Grúas Danny”, “Grúas Juárez” y “Grúas Monarca”, y sus servicios de grúa y corralones son los usados por Tránsito y Vialidad del estado, a cambio de lo cual tendría que otorgar un “moche”.
Con todas estas demoras e irregularidades y habiendo pasado casi un mes del accidente, José habló directamente con el Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía, quien le dijo que su unidad no debió haber sido retenida, que no habría alguna carpeta de investigación pues a él nadie lo denunció o demandó por el incidente, y que para liberar el vehículo solo se necesitaba el peritaje de identificación y avalúo, resultando que este último no era procedente pues al momento del incidente la vialidad estaba siendo reencarpetada y para esa fecha el daño ya no existía.
Con el documento necesario, José regresó a Peritos donde tuvo que pagar mil pesos sin recibir multa o recibir alguno, y finalmente acudió a liberar su unidad al corralón, donde en un principio le quisieron cobrar 2 mil 320 pesos por pensión y 5 mil por el arrastre.
El conductor se inconformó por este abuso y finalmente le cobraron 5 mil 500 pesos -lo cual quedó asentado en un recibo no de “Grúas Hernández”, sino de “Grúas Danny”- por lo que terminó pagando 6 mil 500 pesos para liberar su unidad.









