Ciudad de México, a 20 de marzo del 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un informe en el que establece la relación de policías de diversos municipios del estado de Coahuila en la conocida como Masacre de Allende, en la que integrantes del grupo delictivo Los Zetas –ahora se sabe apoyados por policías– arrasaron con una pequeña localidad y secuestraron a cientos de personas, decenas de las cuales desaparecieron.
La CNDH emitió recomendaciones a distintas autoridades por violaciones graves a derechos humanos, por los hechos acontecidos del 18 al 20 de marzo del 2011 en el municipio de Allende, Coahuila, así como por las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas posteriormente.
La CNDH documentó que los días 30 de enero, 2, 7 y 8 de febrero, así como 14 y 15 de mayo de 2014, se publicaron diversas notas periodísticas en las que se precisó que el 18 de marzo de 2011, un grupo armado perteneciente al cártel de “Los Zetas” se presentó en el Municipio de Allende, destruyó 40 residencias y 7 ranchos, además de privar de la libertad aproximadamente a 300 personas, lo que motivó que la entonces Procuraduría del Estado de Coahuila, iniciara la indagatoria correspondiente.
Las recomendaciones emitidas a raíz de la investigación de la CNDH son:
A la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal derivado de las detenciones arbitrarias cometidas en agravio de 34 personas, así como de diversos pobladores del Municipio de Allende, cuya identidad no fue posible establecer y la privación ilegal de la libertad de 5 menores de edad, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Allende, Coahuila.
A la libertad e integridad personal por la desaparición forzada de 38 personas, incluidos 3 menores de edad, además de diversos pobladores del Municipio de Allende, cuya identidad no fue posible determinar, imputable a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al grupo delictivo denominado “Los Zetas”, quienes contaron con la autorización, apoyo o aquiescencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Allende.
A la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal derivado de la privación ilegal de la libertad de dos víctimas, atribuible a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al grupo delictivo “Los Zetas”, quienes contaron con la tolerancia de elementos de Seguridad Pública Municipal.
A la inviolabilidad del domicilio, derivado del allanamiento del Rancho “Los Garza”, atribuible a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al grupo delictivo denominado “Los Zetas”, quienes contaron con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Allende, así como por la detención ilegal de una víctima en el interior de un local comercial, imputable a elementos de esa secretaría.
Violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, derivado de los allanamientos, saqueos y daños a diversas casas ubicadas en el Municipio de Allende, atribuibles a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al grupo delictivo denominado “Los Zetas”, quienes contaron con la autorización y/o apoyo de elementos de Seguridad Pública Municipal.
A la verdad, derivado de las imprecisiones en los informes proporcionados por servidores públicos de la Procuraduría General de la República, en relación con la recepción del desglose de la averiguación previa que inició el agente del Ministerio Público del Fuero Común en el Estado de Coahuila, con motivo de los hechos acontecidos del 18 al 20 de marzo de 2011, en el Municipio de Allende.
A la debida procuración de justicia y a la verdad, por la omisión en la investigación de las conductas posiblemente constitutivas de delitos Federales derivadas de los hechos acontecidos del 18 al 20 de marzo de 2011, en el Municipio de Allende, atribuible a la Procuraduría General de la República.
A la debida procuración de justicia y a la verdad, por el incumplimiento de la función persecutoria de los ilícitos cometidos en agravio de 14 personas, así como por la dilación e irregular integración de 3 actas circunstanciadas y 2 averiguaciones previas, iniciadas con motivo de la desaparición forzada de 39 personas incluidos 3 menores de edad, imputable a servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila.
A la seguridad personal, lo que derivó en el desplazamiento forzado interno de diversos pobladores del Municipio de Allende.
Las recomendaciones son para el Gobernador de Coahuila y al Presidente Municipal de Allende, para que colaboren con la PGR en este caso, reparen el daño a las víctimas indirectas y les ofrezcan una disculpa institucional y que ofrezcan garantías para que los desplazados puedan volver.
También le pide al Gobernador que, en un plazo no mayor a seis meses, implemente medidas efectivas para combatir la delincuencia, capacitar a la policía, escuchar a la ciudadanía y hacer efectivo el regreso de los desplazados.
Al Alcalde de Allende se le llama a colaborar en las investigaciones contra los elementos la Policía Municipal involucrados.
Al Fiscal de Coahuila se le pide continuar con la investigación para dar con los desaparecidos, así como identificar las muestras de ADN tomadas en el rancho Los Garza, se inicie acción legal contra los responsables de las agresiones a 14 personas, que se cumplimenten 3 órdenes de aprehensión y se investigue a tres agentes del Ministerio Público.
A la PGR se le insta a investigar a los responsables de la masacre, así como a funcionarios involucrados.









