Funcionarios vinculados con el crimen organizado, principales agresores de periodistas en Michoacán, denuncian en diálogo estatal

Funcionarios vinculados con el crimen organizado, principales agresores de periodistas en Michoacán, denuncian en diálogo estatal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Junio de 2022 a las 18:38:15

Morelia, Mich., a 10 de junio de 2022.- Participantes en el octavo diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, denunciaron que son principalmente funcionarios públicos a nivel estatal, directa e indirectamente coludidos con grupos criminales, los principales responsables de obstaculizar su labor o generar agresiones en su contra, entre las cuales destacaron amenazas, agresiones físicas y digitales, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno, discursos de odio, campañas para denostar la labor, criminalización a través del uso abusivo del derecho penal, detenciones arbitrarias y  abuso de la fuerza pública por parte de elementos de seguridad pública hasta el cierre de espacios de participación. 

En este espacio, destacaron como preocupante el caso de mujeres defensoras y periodistas, quienes denunciaron la  relación que existe entre la violencia institucional ejercida y la violencia de género que viven cotidianamente como el acoso y actos de misoginia, tal como ocurrió el pasado 8 de marzo durante la protesta feminista, en donde varias mujeres fueron detenidas arbitrariamente y agredidas en el marco del ejercicio de su derecho a la protesta social y en el ejercicio de la cobertura periodística.

Estas violaciones e impunidad han generado falta de confianza en las instituciones de gobierno estatales, lo cual se evidenció durante el diálogo por las y los participantes, al hacer énfasis en que su seguridad y protección no pueden quedar en manos de las instancias locales de gobierno, por ser las principales agresoras de personas defensoras y periodistas.

También demandaron por parte de las instancias de gobierno federal y estatal respeto y garantías para el ejercicio de su derecho a la libre determinación y autonomía, como fue el caso de la comunidad de Nahuatzen, quienes además denunciaron el incremento de la inseguridad en el municipio, como fue el asesinato de tres comuneros y un feminicidio en lo transcurrido del año, que a la fecha no han sido atendidos por la Fiscalía del estado y el Ayuntamiento. 

Asimismo, recordaron que desde 2016 se cuenta con la Ley Estatal de Protección, la cual pese a más de cinco años de su emisión, no ha sido implementada y tampoco se tiene conocimiento de las acciones impulsadas entre la federación y el gobierno del estado posterior a la firma del Convenio de colaboración entre ambas el pasado 28 de abril. Lo mismo sucede con el programa institucional de derechos humanos de la Fiscalía General del estado (2019-2028), que señala la generación de acciones de protección y atención inmediata para defensores/as y periodistas, sin embargo no se cuentan con acciones concretas para su cumplimiento y desarrollo. 

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se comprometió en conjunto con los representantes del Gobierno del estado y de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en llevar mesas de diálogo en otros municipios de Michoacán, donde hay focos rojos de violencia, que podría incluir a los municipios de Aguililla, Tepalcatepec, Coalcomán y otros.

Finalmente, Jesús Peña representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, resaltó la importancia del diagnóstico del Mecanismo Federal de Protección llevada a cabo en 2019, que contempla 104 recomendaciones que fueron aceptadas por el Estado mexicano, y además recalcó la importancia del papel de personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil en la discusión y construcción de cualquier marco normativo que les afecte o inhiba el ejercicio de su labor. 

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