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Mensajear*El Departamento de Justicia estadounidense acusó formalmente a Iván Cazarín Molina por narcotráfico internacional y delitos relacionados con armas. Su detención también coloca bajo escrutinio los audios en los que se presume que Luis Alberto Olán, hermano del empresario Amílcar Olán, aludía a sus contactos con el operador criminal para frenar extorsiones contra un proveedor de balasto. Omar García Harfuch confirmó que esas grabaciones forman parte de las investigaciones, aunque aclaró que corresponde a la FGR determinar si existen elementos para investigar a otras personas.
Ciudad de México, 22 de octubre de 2026.— La acusación penal que enfrenta Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, ante la justicia estadounidense tiene una dimensión que va más allá del narcotráfico: sus presuntos contactos con el entorno de empresarios vinculados a contratos de infraestructura durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han vuelto a colocar en el centro del debate las relaciones entre negocios, crimen organizado y poder político.
Un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó una acusación formal contra el presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien las autoridades estadounidenses atribuyen una conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina destinadas a ingresar ilegalmente a ese país, además de delitos relacionados con armas de fuego.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los cargos abarcan presuntas actividades realizadas entre 2005 y 2025. Si Cazarín Molina es declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.
El expediente estadounidense llega después de que el presunto integrante del CJNG fuera detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, mediante un operativo de fuerzas federales mexicanas. Posteriormente, un juez lo vinculó a proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada, secuestro, armas y narcotráfico, y ordenó que permaneciera en prisión preventiva en el penal del Altiplano.
Sin embargo, mientras avanza el proceso penal, otra vertiente del caso genera interrogantes: los audios difundidos por la prensa en agosto pasado, en los que un interlocutor identificado periodísticamente como Luis Alberto Olán presumía conocer a “El Tanque” y aludía a esa relación al hablar sobre extorsiones contra un empresario relacionado con el suministro de balasto.
Los audios que conectan al presunto operador criminal con el negocio del balasto
Las grabaciones difundidas por Latinus y retomadas por otros medios describen conversaciones sobre el suministro de piedra utilizada como base para vías ferroviarias, un negocio relacionado con obras públicas como el Tren Maya y el Tren Interoceánico.
En uno de los fragmentos, el interlocutor identificado por los medios como Luis Alberto Olán habría afirmado que conocía a “El Tanque”, a quien describía como integrante de la delincuencia organizada, y relacionaba ese contacto con el hecho de que un empresario había dejado de sufrir extorsiones.
La relevancia de la conversación radica en que el supuesto contacto criminal habría sido presentado como una forma de resolver un problema que afectaba a un proveedor de materiales.
Luis Alberto Olán es hermano de Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario que ha sido objeto de investigaciones periodísticas por sus relaciones personales con Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente López Obrador, así como por sus negocios relacionados con contratos públicos.
Las publicaciones sobre el caso han señalado que las relaciones personales y empresariales de los involucrados merecen escrutinio, particularmente por el volumen económico de los proyectos ferroviarios y las presuntas referencias a contactos con operadores del CJNG.
García Harfuch confirma que las grabaciones forman parte de las investigaciones
El asunto adquirió una nueva dimensión después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconociera públicamente que la grabación sobre los presuntos contactos entre los hermanos Olán e Iván Cazarín Molina forma parte de las investigaciones relacionadas con el detenido.
El funcionario precisó que no estaba confirmada una investigación específica contra los hermanos Olán y que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos para ampliar las indagatorias a otras personas.
La declaración es relevante porque confirma que las grabaciones no son ajenas al expediente que las autoridades revisan en torno a “El Tanque”. Pero también establece un límite: no equivale a anunciar que los empresarios mencionados ya son investigados formalmente o que se haya acreditado algún delito.
En cuanto a Andy López Beltrán, García Harfuch señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por la fiscal general, Ernestina Godoy, no existía una investigación contra él.
El antecedente del huachicol y las sanciones de Estados Unidos
La dimensión económica del expediente no comienza con los contratos de materiales ferroviarios.
En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Cazarín Molina y a integrantes de una red vinculada con el robo y comercialización ilegal de combustible relacionada con el CJNG.
Según las autoridades estadounidenses, la estructura presuntamente utilizaba empresas y gasolineras para comercializar hidrocarburos obtenidos ilegalmente y generar recursos para la organización criminal.
Ese antecedente muestra que los señalamientos contra “El Tanque” abarcan actividades económicas que van más allá del tráfico de drogas. También explica por qué la investigación de sus posibles relaciones con empresarios y proveedores puede resultar relevante para conocer las redes financieras y logísticas que sostienen a las organizaciones criminales.
Tabasco y Veracruz: otra vertiente de las relaciones bajo escrutinio
Las investigaciones periodísticas también han señalado posibles conexiones entre Cazarín Molina y La Barredora, organización criminal vinculada en diversas investigaciones con Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.
Documentos militares citados por medios de comunicación han sido utilizados para sostener que el presunto operador del CJNG tuvo nexos con esa estructura. Estos señalamientos abren interrogantes sobre la expansión de grupos criminales entre Veracruz y Tabasco, así como sobre las posibles relaciones entre operadores delictivos y personas con responsabilidades públicas.
Por separado, publicaciones periodísticas han denunciado presuntas redes de corrupción y protección criminal en Veracruz. Sin embargo, las conexiones atribuidas a funcionarios y políticos deben examinarse de manera individual, con documentos y pruebas que permitan establecer responsabilidades concretas.
