Ciudad de México; 18 de mayo 2021.- Este martes los jueces primero y segundo de distrito en materia administrativa, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, respectivamente, otorgaron a 6 compañías las primeras suspensiones definitivas con efectos generales contra de la Ley de Hidrocarburos, la cuál fue promulgada el pasado 4 de mayo.
Asimismo las resoluciones congelan la entrada en vigor de los artículos 51, 57 y 59 Bis, además de los transitorios cuarto y sexto de la LH, hasta en tanto no se resuelva el fondo de los juicios de amparo.
Por si parte el gobierno federal puede aún impugnar las suspensiones para que un tribunal colegiado especializado resuelva si revoca o confirma las decisiones de los jueces federales.
Cabe señalar que las medidas cautelares se concedieron a las compañías Viga Express, Grupo Base Energéticos, Pharaoh International Products, Antluc, Distribuidora de Combustibles Mil y Dalia Pilar Lamarque Picos, que apelaron el decreto de reformas a la LH.
Por su parte el juez Rodrigo de la Peza manifestó que la norma genera un cambio “imprevisible” e “intempestivo” contra los inversionistas privados.
Por otro lado también concedió las suspensiones argumentando que “este juzgador considera, en primer término, que prima facie, parece existir una sospecha de contravención al texto constitucional, desde el momento en que durante los trabajos legislativos, las autoridades responsables legisladoras se manifestaron en contra de la reforma constitucional energética de 2013.
Señalaron que la misma fue producto del neoliberalismo y la corrupción como sinónimo del mismo, y que se ha demostrado la inviabilidad de dicho neoliberalismo”.
Por otro lado añadió que la reforma energética buscó generar en los inversionistas privados un “estado de confianza legítima” para proyectos de largo plazo.
Para finalizar, al conceder las suspensiones definitivas, Gómez Fierro sostuvo que la legislación podría permitir que Pemex retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética, lo que implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el sector, afectando a los consumidores finales de los productos y servicios que derivan de toda la cadena de valor del mercado de hidrocarburos.









