Zamora, Mich., a 4 de noviembre del 2020.- Luego de ser exhibida la corrupción de agentes de la Dirección de Tránsito y Movilidad del estado, que violando diversos artículos de la Ley de Tránsito del estado pretendían realizar un cobro indebido a un motociclista en Tangamandapio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una investigación de oficio.
Como informó Noventa Grados, a mediados de octubre se denunció una extorsión sufrida por un motociclista, a manos de la Dirección de Tránsito y Movilidad que dirige Jorge Alvarado Serrato, compadre y protegido del gobernador Silvano Aureoles Conejo.
Al afectado los agentes, que no llevan a la vista placas de identificación o nombres visibles, pretendían cobrarle 3 mil pesos por no llevar el casco puesto, suma 5 veces superior a la estipulada en la Ley de Tránsito y Vialidad del estado.
Por estos hechos se inició una abrió una carpeta de investigación por oficio en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuyo encargado de despacho instruyó al visitador regional de Zamora, Víctor Villanueva Hernández, a que realice las investigaciones correspondientes.
La queja se inició por “posibles violaciones a los derechos humanos del agraviado consistentes en: violación al derecho a las buenas prácticas de la administración pública respecto al debido cobro de contribuciones e impuestos, así como a obtener servicios públicos de calidad”, informó el organismo
Los intentos de extorsión y extorsiones consumadas por los gantes de la Dirección de Tránsito y Movilidad del estado, han sido denunciadas por habitantes de todo Michoacán, pero en especial de Morelia, e incluso han sido tema de discusión en el Congreso local, pero al frente de esa institución permanece Jorge Alvarado Serrato, compadre del gobernador Silvano Aureoles Conejo y del secretario de Gobiernos Carlos Herrera Tello, quienes incluso lo han beneficiado contratando a sus hijas en la Administración municipal de Zitácuaro (de donde Herrera Tello es Alcalde con licencia) y el gobierno del estado.
A Jorge Alvarado Serrato sus propios subordinados lo acusan de operar, con ayuda de sus mandos policiacos, una red de corrupción que incluye el cobro de cuotas a los agentes por concepto de dinero recaudado por extorsión y de vehículos remitidos a determinados corralones, donde la asociación con las cabezas del gobierno estatal les permiten imponer cuotas y hasta arrastrar vehículos a su antojo.
También se les cobran cuotas para asignarles patrullas para que puedan trabajar, mientras que empleadas han acusado acoso sexual de Jorge Alvarado y sus subalternos.
De él acusan también que es propietario de un rancho aguacatero en el municipio de Zitácuaro, el cual es vigilado por personal de esa Delegación de Tránsito y administrado por su esposa, asidua apostadora en los casinos de Los Vegas, cosa que presumía en sus redes sociales.
Los agentes de la Dirección de Tránsito y Movilidad señalan también que Jorge Alvarado vendió al mejor postor las Delegaciones de esa dependencia, por las cuales sus titulares le deben realizar tres pagos mensuales de varios miles de pesos, dependiendo de la importancia de cada Delegación.
Pese a todas estas denuncias de corrupción, a las que deben sumarse las que a diario hacen los ciudadanos en las redes sociales y medios de comunicación, el gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo ha hecho oídos sordos y protegido a su compadre Jorge Alvarado y su familia, pues este es su último año de gobierno y al parecer se necesitan de muchos recursos para sostener la ambición del mandatario perredista de ser Presidente en 2024.









