Ciudad de México., 26 de enero del 2021.- El exgobernador de Chihuahua, César Duarte tiene 21 órdenes de aprehensión en su contra por diversos cargos, entre ellos de malversación agravada, conspiración en México y asociación delictuosa. César Duarte estaba prófugo desde 2017 y existía en su contra una ficha roja emitida por Interpol, por lo que era buscado en 195 países, por lo que fue detenido el 8 de julio de 2020 en Florida.
Este martes se llevó a cabo la audiencia virtual en contra del exgobernador de Chihuahua en una corte de Miami, Florida, para definir si es extraditado o no a México. Sin embargo, la jueza Lauren Fleischer Louis cortó de manera abrupta la sesión, poniendo en pausa su decisión ya que consideró revisar evidencia antes de dictar sentencia.
Luego de escuchar a la Fiscalía y a la defensa de Duarte Jáquez, la jueza se reservó el derecho de analizar la información exhibida durante la audiencia para poder emitir su decisión, lo cual tendría que ocurrir en breve.
El fiscal encargado del caso fue Jason Wu, quien inició con los argumentos en la audiencia donde remarcó la necesidad de conocer la extradición. A través de un desarrollo de casi una hora demostró algunos de los desvíos del erario público realizados por Duarte.
Por otra parte, el fiscal aseguró que existen pruebas adicionales de que entre los beneficiados de los desvíos millonarios son los familiares de Duarte.
En tanto, la defensa del exgobernador encabezada por el abogado Juan Morillo, refutó que existen testimonios contra su cliente que fueron obtenidos bajo coacción.
La Fiscalía de Chihuahua ha señalado que, entre 2011 y 2014 cuando desempeñó como gobernador, César Duarte desvió 1,200 millones de pesos durante su administración. Además ha sido señalado de utilizar 250 millones de pesos del erario público para financiar las campañas del PRI en el 2016, ser el responsable de aumentar la deuda estatal hasta 48,000 millones de pesos, así como de repartir sobornos millonarios entre 100 personas, con el objetivo de obtener apoyo de políticos, funcionarios, líderes religiosos y de opinión.
Sin embargo, la defensa de Duarte Jáquez ha indicado que la solicitud de extradición no tenía validez porque los delitos por los que es acusado han prescrito.
Los abogados de Duarte también han justificado que si el exgobernador es extraditado podría ser asesinado, ya que el crimen organizado lo perseguiría.









