Morelia, Mich., a 22 de abril del 2020.- Luego de que el martes comenzaran a ser otorgados los primeros amparos contra el decreto de “aislamiento obligatorio” de la Administración del perredista Silvano Aureoles Conejo, el miércoles seguían siendo tramitados los procedimientos legales contra la medida del mandatario, que contraviene la Constitución mexicana y los derechos humanos de la ciudadanía.
Dichos ampraros han sido tramitados por ciudadanos, ante el Juzgado Séptimo de Distrito y el Juzgado de Distrito en el Décimo Primer Circuito.
Como era de esperarse, estos amparos están siendo resueltos favorablemente hacia los ciudadanos, al demostrarse que el decreto estatal viola la Constitución mexicana, al asumir Aureoles atribuciones que no le corresponden, en un afán de protagonismo.
El decreto de Aureoles Conejo por lo menos viola los Artículos 11 y 29 de la Constitución, el primero de ellos que estipula que “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”; mientras que el Artículo 29 indica que estos derechos pueden ser suspendidos solo “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” y quien determine esto será “solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente”.
Las multas que estipula el decreto de Silvano Aureoles, van desde las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 4 mil 344 pesos, o hasta 100 de ellas, detención por 36 horas y trabajos comunitarios.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y juristas ya habían advertido que además de ilegal, el decreto del Gobernador solo servirá para dar pie a la extorsión masiva de los michoacanos.









