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MensajearCampeche, Camp., a 15 de junio de 2025.- En un hecho sin precedentes en el estado de Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha logrado, por la vía judicial, el cierre temporal del medio digital Tribuna Campeche y el procesamiento penal de su exdirector, el periodista Jorge Luis González Valdez, acusado de incitar al odio y ejercer violencia mediática contra funcionarios públicos. Detrás de esta ofensiva legal se encuentra no sólo la gobernadora, sino también su círculo más cercano, especialmente su vocero oficial, Walther David Patrón Bacab.
Patrón Bacab no sólo ha sido defensor público de la narrativa oficial del gobierno de Sansores, sino que figura como demandante directo en una de las principales causas civiles por daño moral. En su demanda, presentada en 2023 ante tribunales estatales, exigió al periodista y al medio el pago de cuatro millones de pesos, argumentando que publicaciones sobre contratos cuestionables cuando Layda Sansores era alcaldesa en la Ciudad de México y el replicar declaraciones de diputadas afectaron su honra y reputación.
Este litigio culminó, en su primera instancia, con una sentencia favorable a Patrón Bacab, la cual fue posteriormente ratificada por un tribunal de apelación estatal.
El 13 de junio, la jueza Guadalupe Martínez Taboada ordenó el cierre por dos años de la versión digital de Tribuna Campeche, medida que también impide a González Valdez ejercer el periodismo durante ese mismo periodo. La decisión judicial se basa en una acusación de incitación al odio derivada de las publicaciones del medio.
El medio impreso ya había dejado de circular desde febrero de 2024, víctima, según sus directivos, de presiones fiscales y la retirada de publicidad oficial.
Además del vocero, otros familiares y allegados de Layda Sansores —como su sobrino Gerardo Sánchez Sansores— también han presentado demandas civiles por daño moral, con exigencias económicas similares. El entramado legal incluye procesos civiles, electorales y penales, todos interpuestos contra un medio que ha mantenido una línea editorial crítica hacia el gobierno estatal.
Diversas organizaciones, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han señalado que este tipo de litigios estratégicos constituyen una forma de censura encubierta, y han instado a los poderes judiciales mexicanos a respetar los estándares internacionales de libertad de expresión.
