Morelia, Mich., a 23 de abril del 2020.- Advirtiendo que las medidas sanitarias que tomen los gobiernos ante la epidemia de coronavirus, no pueden ser completas e integrales, “si (…) no son resultado de un apego irrestricto a lo que marca la legislación y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, el Comité de Participación Ciudadana del estado de Michoacán pidió protocolos de actuación y vigilancia a la aplicación de los mismos, por parte de las autoridades estatales, tras decretar el gobernador Silvano Aureoles Conejo, el “aislamiento obligatorio” de la población, medida que corresponde solo al Presidente de la República, con aprobación del Congreso de la Unión, y que da pie al abuso de la autoridad en detrimento de los derechos de los ciudadanos.
El Comité de Participación Ciudadana recordó que en México, 57% de la población manifestó estar preocupada por la corrupción en el país, de acuerdo con datos del Inegi de 2017.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) “revela, por otro lado, que el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.5% de los casos. Además, se calcula que la tasa de prevalencia de corrupción pasó de 12,590 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2015, a 14,635 en 2017; mientras que la incidencia pasó de 30,097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes a 25,541 en 2017”.
“De igual manera, durante el 2018, poco más de una cuarta parte de la población en México pagó o le fue pedido un soborno para un servidor público. Así lo revela una encuesta realizada por Grupo Reforma y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
“Las cifras son apabullantes, y según la encuesta son los elementos de seguridad pública quienes al tener contacto con la población, son más proclives a realizar actos de corrupción”.
Por ello, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, propuso cinco acciones, ante el decreto de Silvano Aureoles:
1. Que las instituciones públicas participantes en la aplicación del Decreto, establezcan un protocolo de intervención que sea claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de sus elementos, durante las acciones y operativos que se efectúen.
2. Un código de conducta ética debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de las instituciones participantes.
3. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que vigilen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en todos los miembros de las instituciones públicas participantes, y su respeto irrestricto a los derechos humanos.
4. Sistemas adecuados de denuncia ante las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la ley. Esto implica la generación de una línea directa para denunciar casos de extorsión o “mordidas” por parte de los servidores públicos.
5. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus acciones, informe ante medios de comunicación sobre detenciones, causas y sanciones.
Asimismo, pidió que “toda acción que se implemente en el marco de la pandemia se realice de manera íntegra, transparente y ética, buscando siempre el beneficio de la ciudadanía”.









