Ciudad de México, a 20 de diciembre del 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un posicionamiento respecto a la discusión de reforma a la Constitución para crear la Guardia Nacional, que estaría integrada en su mayoría por personal de las Fuerzas Armadas que realizaría labores de seguridad pública de forma permanente, lo que representaría un riesgo para los Derechos Humanos.
En un documento que fue difundido en su portal, el organismo expresó su preocupación por que el planteamiento de la Guardia Nacional, señalando siete puntos que el organismo considera necesarios para su análisis.
El primer punto señala que “La utilización de las Fuerzas Armadas no es la solución para los problemas de violencia e inseguridad que enfrentamos, tan sólo es una parte de la misma. El replanteamiento de la Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad que enfrentamos, generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos”, además de que no garantizaría por sí misma acabar con la impunidad, “debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos”.
En el segundo punto la CNDH señaló que no se opone a la participación “temporal y extraordinaria” de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de la población, señalando que es necesaria la regulación de su actuar. “Si bien no considera que tal cuestión sea deseable, este Organismo Nacional ha sostenido de manera reiterada que ante la situación de inseguridad, violencia e impunidad que existe en diversas regiones del país, es necesaria tal presencia a efecto de contrarrestar las actividades del llamado crimen organizado, ante la falta de recursos y capacidades para tal efecto por parte de las policías civiles y la frecuente penetración y toma de las mismas por parte de las referidas organizaciones delictivas”.
La CNDH, en su tercer punto, indicó que ve “con preocupación” que el eje de la política de Estado para la seguridad y combate a la delincuencia, se centre en la Guardia Nacional que, al estar mayoritariamente conformada por elementos de las Fuerzas Armadas y quedar adscrita administrativamente a las mismas, “contraviene lo previsto por los principios que hasta esta fecha ha sustentado nuestra Constitución, en el sentido de garantizar la primacía y división de las autoridades civiles sobre las militares, siendo contraria, de igual forma a recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse, al mínimo indispensable, la participación militar en dicho ámbito”.
“La Guardia Nacional como se plantea no garantiza justicia, en todo caso una disuasión o contención que tienen efectos limitados y de corto plazo”, señala la Comisión en su cuarto punto. Indicó que confiar en el uso de la fuerza como recurso principal “genera un gran riesgo de que se presenten o propicien violaciones a los derechos humanos”. “Por mejor capacitado que esté un cuerpo que asuma funciones policiacas, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no contamos con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles. Si no establecemos mecanismos para garantizar que la aplicación de la ley no sea discrecional o negociable sino un principio irrenunciable”.
En su quinto punto la CNDH destaca “ambigüedades e imprecisiones” que tiene la propuesta de reforma Constitucional, las que “podrían derivar en violaciones a los derechos humanos, tales como la potestad genérica que se confiere a la Guardia Nacional para actuar a efecto de ‘preservar el orden y la paz pública’ abre la puerta a una utilización discrecional de dicho cuerpo que podría violentar garantías y libertades tan básicas como las de expresión, al disenso y a la protesta”.
“De igual forma, no se establece cómo se van a desarrollar a las policías civiles, cuál será el destino y papel de las policías que actualmente se encuentran operando, ni las bases y términos en que se daría la coordinación entre instancias de los tres niveles y órdenes de gobierno y, mucho menos, con los Ministerios Públicos, siendo este aspecto de especial relevancia en tanto que la investigación de los delitos necesariamente debe quedar en manos de estos últimos y preservar múltiples garantías y derechos. De igual forma, la iniciativa es omisa en precisar los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y supervisión externa a los que tendría que estar sujeta la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones, los cuales, necesariamente, tendrían que ser de carácter civil”.
En el sexto punto la CNDH califica como “deseable” el establecimiento de un grupo o panel de análisis especializado y plural que revisara la evidencia objetiva y concreta que sustentara la viabilidad y pertinencia de la reforma que se plantea, para luego construir un esquema de seguridad pública aceptando la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, para luego fortalecer las dependencias de seguridad locales y el Ejército regrese a sus actividades natas.
Finalmente, en el séptimo punto, la CNDH insistió en la necesidad de contar con fiscalías autónomas en todos sus aspectos, “con los recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores. Asumir la atención de las tareas de seguridad bajo enfoques meramente reactivos, como lo es el replanteamiento de funciones de la Guardia Nacional, ha demostrado su ineficacia para resolver los problemas de fondo, llegando en algunos casos a propiciar, inclusive, mayor violencia”.









