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MensajearAlmoloya de Juárez, Estado de México, a 27 de octubre de 2026.- El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, defendió las acciones emprendidas contra el narcotráfico y cuestionó que el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas pueda considerarse un acto de traición a la patria, como sostiene la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso penal que enfrenta.
Durante sus comparecencias ante un juez federal, el exfuncionario calificó de inverosímil la imputación en su contra y sostuvo que la intervención permitió localizar uno de los centros de producción de drogas más importantes del país. De acuerdo con los datos expuestos en el caso, en el inmueble fueron encontradas inicialmente alrededor de dos toneladas de metanfetaminas.
Jáuregui reconoció que pudieron existir irregularidades durante el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, pero insistió en que eso no convierte automáticamente a los agentes participantes en traidores a México. A su juicio, los resultados obtenidos en el combate al crimen organizado deben distinguirse de las posibles faltas administrativas o legales que correspondan a las autoridades.
El caso está relacionado con un despliegue efectuado en abril pasado en la zona de El Pinal, Chihuahua, donde presuntamente participaron agentes de inteligencia estadounidenses sin contar con la autorización correspondiente de las autoridades federales mexicanas. La FGR sostiene que la intervención de personas extranjeras en tareas de seguridad reservadas al Estado mexicano pudo comprometer la soberanía nacional.
Frente a esos señalamientos, el exfiscal negó haber actuado para encubrir una participación indebida y argumentó que solicitó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) antes de ingresar al lugar. Según expuso, la presencia de aproximadamente 50 elementos militares permitiría verificar las acciones realizadas durante el despliegue.
Asimismo, aseguró que la acusación no demuestra de manera suficiente su responsabilidad individual y cuestionó que se le atribuya un delito de esa gravedad por los hechos investigados. Durante su defensa, también señaló que ninguno de los 46 funcionarios que declararon ante las autoridades lo habría responsabilizado directamente por la presencia de agentes extranjeros, según su versión.
Jáuregui advirtió que recurrir a figuras penales relacionadas con la defensa de la patria mediante interpretaciones políticas puede abrir la puerta a prácticas autoritarias. Para respaldar su argumento, mencionó antecedentes históricos de distintos países en los que, afirmó, las acusaciones ideológicas fueron utilizadas para perseguir o excluir a opositores.
El exfuncionario indicó que el debate no debería limitarse a posiciones políticas, sino centrarse en la legalidad de las actuaciones y en la existencia de pruebas que permitan establecer responsabilidades conforme a derecho.
Sin embargo, el proceso judicial continúa. El juez federal determinó vincular a Jáuregui a proceso por el delito de traición a la patria y ratificó la prisión preventiva justificada, por lo que permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La resolución judicial implica que la investigación seguirá su curso para determinar las posibles responsabilidades del exfiscal, pero no constituye por sí misma una sentencia condenatoria. Mientras tanto, la defensa sostiene que el operativo tenía como objetivo combatir las estructuras del narcotráfico y cuestiona que las acciones realizadas puedan encuadrarse en el delito que le atribuye la Fiscalía.
