Morelia, Mich; 26 de enero de 2017.- “Si en Michoacán sucede lo mismo que en la federación, que tenía más de 200 denuncias penales y en términos reales no se ha visto que hayan procesado a algunos servidores públicos, habrá que tener mucho cuidado”, advirtió José Luis López Salgado “si se le violenta al servidor público más allá de si es culpable o no, porque con un asunto donde se le viole el proceso, se cae el procedimiento y lo peor de todo es que ni siquiera el juez de la causa pedirá reiniciar el procedimiento o restituirlo, sólo ordena la libertad”.
Ejemplo de ese mal manejo jurídico el Auditor Superior de Michoacán recordó el caso de Florence Cassez “que solo por violarle su debido proceso, el gobierno mexicano le tuvo que pedir disculpas y bueno, luego supimos que hasta el avión le prestaron para llevarla a su lugar de origen; creo que esas son de las partes y preocupaciones que tenemos en la Auditoría que hay que cuidar el debido proceso”.
Informó que con el ingreso del Nuevo Sistema Penal quien sancionará será el Tribunal de Justicia Administrativa y el Fiscal Especial “si va mal integrado el expediente, de nada va a servir todo el proceso de auditoría e investigación”, sobre todo ahora que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem) ha revelado existen diez denuncias por presunta malversación de fondos públicos.
Dijo que “es asunto de ella” las declaraciones que hiciera Silvia Estrada Esquivel, titular de la Secoem “si hay una coordinación de planes para evitar duplicidad de funciones o de auditar dos veces un mismo concepto, pero cada quien sigue sus reglas”. De la presentación de las diez denuncias penales, consideró que “quizá ella haya tenido mayores elementos para presentar las querellas, habrá que esperar…”
Declaraciones Patrimoniales
Del periodo del 2008 al 2011 la ASM recibió alrededor de 40 mil pliegos de observaciones en seguimiento y siete mil expedientes “en capilla”, algunos sin connotación significativa, porque se referían a la presentación extemporánea de sus declaraciones “hablamos de un porcentaje del 60 por ciento en esa situación y ni a ellos ni a nosotros, nos liberan de que iniciemos forzosamente el procedimiento administrativo de responsabilidades.
Esos atrasos aún siguen presentándose, de acuerdo con López Salgado “con diversas reformas se obligaba, ya no solo a los tesoreros a que presentaran su declaración, o personal de estructura, sino que incluyeron a personal que desarrolla funciones administrativas con manejo de algún recurso más los policías.
Esos retrasos, que actualmente ya ascienden al 70 por ciento de los sujetos obligados, deriva en iniciar el procedimiento, saber la causa del retraso e imponer sanciones de tipo económico “se han emitido resoluciones de inhabilitación y resarcimiento”.









