Ciudad de México, a 13 de febrero de 2022.- El presidente Andrés Manuel López Obrador habría incurrido en la violación de un artículo constitucional, uno fiscal, dos de protección de datos y la Ley de Instituciones de Crédito, al dar a conocer el supuesto salario del periodista Carlos Loret de Mola, en su conferencia matutina.
El pasado viernes, López Obrador difundió los supuestos montos que obtuvo Loret de Mola en 2021, acción que se enmarca en los reportajes que el periodista ha realizado sobre la mansión en la que vivió el hijo del mandatario, José Ramón López Beltrán, perteneciente a un exdirectivo de una empresa contratista de Pemex. No contento con eso, AMLO pidió a la Secretaría de Hacienda investigar al periodista.
De acuerdo con expertos, al dar a conocer los ingresos de un particular, el Presidente habría violado varios preceptos legales.
El más importante de ellos es la Constitución, que en su Artículo 16 indica que “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales” y solo contempla excepciones “por razones de seguridad nacional disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger derechos de terceros”.
También habría violado el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que dice “El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados”.
En el caso de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el Presidente habría infringido los Artículos 6 y 31; el primero dice que “El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectar arbitrariamente”; el segundo señala que “Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las medias de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad”.
Asimismo, el mandatario mexicano habría violado el Artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que señala que “Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito solo podrán ser utilizadas en las actuaciones que correspondan en términos de ley, y respecto de aquéllos, se deberá observar la más estricta confidencialidad (…)”, y observa que “Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de documentos relacionados, o que de cualquier otra forma revele información, quedará sujeto a responsabilidades administrativas, civiles o penales”.









