Al no existir una Ley Federal de Derechos de los Indígenas, en cada estado se regulan de manera distinta: Representante del TEPJF

Al no existir una Ley Federal de Derechos de los Indígenas, en cada estado se regulan de manera distinta: Representante del TEPJF
Autor: Patricia Torres/ Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2016 a las 07:25:00

Morelia, Mich; 25 de noviembre de 2016.- Al no existir una Ley Federal que proteja de manera igualitaria los derechos de los indígenas, cada entidad federativa los ha regulado de distinta manera, lo que ha originado en varios casos que el mismo cuerpo indígena asentado y distribuido en varios estados tenga reglamentado sus derechos de forma distinta “al dejar a los estados la posibilidad de legislar al respecto, resultaron varios obstáculos para el ejercicio, reconocimiento, protección y efectiva realización de los derechos político-electorales de los indígenas”, reconoció Adid Antonio de León Gálvez, presidente de la sala regional Xalapa al inaugurar el Tercer Coloquio sobre Derecho Indígena y Elecciones en homenaje a Rodolfo Stavenhagen.

En representación de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de León Gálvez destacó que el hecho que se haya reconocido el estado mexicano pluricultural, esto no ha sido suficiente para la protección real y efectiva en los derechos de los pueblos indígenas, después de varios movimientos de lucha por sus integrantes, fueron necesarios dos reformas constitucionales que modificaron la visión y protección a estos grupos.

El estado mexicano, explicó, es una nación pluricultural, “ya que su sociedad está configurada en diversos modos de vida, manifestaciones e identidades”, y, de acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas existen más de 60 pueblos etnolingüísticos en el país, alrededor 15 millones de personas que se consideran indígenas, casi 30 mil comunidades y más de 30 variantes a las lenguas reconocidas.

En el contexto nacional existen tantos derechos indígenas como pueblos y comunidades, ya que el derecho indígena como sistema jurídico propio en comunidades concretas se caracteriza por sus contextos culturales específicos, diversas entidades federativas en nuestro país tienen una población indígena que supera los 500 mil habitantes; sin embargo, “no hay estado de la república que no tenga comunidades, asentamientos, pueblos o población indígena y en cada uno de ellos se ha construido y generado una tradición, cultura, cosmovisión, forma de vida, sus propios usos y costumbres y sus sistemas normativos internos”.

De allí la importancia y reconocimiento a los derechos político-electorales de los indígenas radica en que la participación indígena extiende la democracia y le otorga mayor dinamismo y realidad, puesto que con ello se expresa una intervención creciente de la ciudadanía indígena como electorado  o candidatos en los procesos electorales e incide en la gestión pública en los medios locales y nacionales, lo cual conlleva al establecimiento de las condiciones políticas y jurídicas que hagan posible los derechos dentro de la institucionalidad de los estados, garantizando la relación directa de los pueblos en las instancias de gobierno y legitimando sus propias formas de representación.

Por ello, consideró que el estado mexicano tiene la obligación de reconocer estos derechos y volver efectivo el ejercicio, permitir el acceso a la justicia para que puedan ser reclamadas las violaciones a esos derechos ante tribunales competentes a través de recursos o juicios efectivos.

En el caso de México el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación es el organismo máximo que constitucionalmente tiene la obligación y responsabilidad de velar por la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en materia jurisdiccional se ha observado cómo de manera paulatina se ha incrementado la resolución de los conflictos electorales  en el ámbito de sistema normativo internos, obedece a que cada vez, con mayor fuerza se ha hecho del conocimiento de la población la manera en que la ciudadanía puede hacer la defensa de sus derechos político-electorales.

 

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