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MensajearCalifornia, EEUU., a 7 de junio de 2025.- Al menos 11 ciudadanos mexicanos se encuentran entre las decenas de personas detenidas esta semana durante una serie de redadas migratorias ejecutadas por agentes federales en distintos puntos del condado de Los Ángeles, en un operativo que ha desatado protestas, críticas institucionales y una fuerte respuesta militar.
Las detenciones, que comenzaron el 6 de junio y se extendieron al día siguiente, fueron llevadas a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes irrumpieron en zonas como el Fashion District, Home Depot de Paramount y otras áreas de alta presencia latina. En total, más de 118 personas fueron arrestadas, entre ellas los 11 mexicanos, según confirmó el Cónsul General de México en Los Ángeles.
“Nuestros connacionales están recibiendo asistencia legal y médica. Estamos dando seguimiento puntual a cada caso para garantizar que se respeten sus derechos humanos y el debido proceso”, indicó el consulado mexicano en un comunicado oficial.
Las redadas provocaron una ola de indignación entre la comunidad migrante y grupos de derechos civiles. Las manifestaciones, inicialmente pacíficas, escalaron a enfrentamientos con la policía en zonas como Paramount, donde se reportaron actos de violencia, vehículos incendiados y más de 50 arrestos adicionales entre manifestantes.
El presidente estadounidense ordenó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad, lo que avivó la tensión. Tanto el gobernador Gavin Newsom como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresaron su rechazo al operativo federal, calificándolo de “cruel, descoordinado y políticamente motivado”.
La mayoría de los mexicanos arrestados no contaban con antecedentes penales y fueron detenidos en espacios públicos sin órdenes judiciales visibles. Algunos se encontraban simplemente buscando empleo o realizando compras.
El consulado ha alertado que entre los detenidos podría haber personas vulnerables, incluidos padres de familia con hijos ciudadanos estadounidenses.
La legislación vigente permite que estos casos sean revisados por jueces migratorios, pero defensores temen que se aceleren los procesos sin garantías legales, especialmente tras el bloqueo federal al acceso de legisladores al centro de detención.
